Mientras la consejera de Hacienda presume de transparencia y asegura que el Gobierno de Ceuta está dispuesto a atender las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, la realidad vuelve a desmontar su discurso. Los hechos hablan mucho más alto que las declaraciones, y lo que revelan es una preocupante resistencia a cambiar una forma de gestionar que lleva un cuarto de siglo siendo cuestionada.
No deja de resultar sorprendente que Kissy Chandiramani alabara la reducción del número de recomendaciones del Tribunal de Cuentas como si fuera un trofeo de buena gestión. Lo que realmente demuestra ese dato no es la eficacia del Gobierno del PP, sino que han necesitado 25 años de advertencias, informes demoledores y reiterados tirones de orejas para empezar, tímidamente, a corregir algunas de las deficiencias más evidentes.
Y ni siquiera eso parece suficiente.
Porque mientras la consejera comparecía ante los medios asegurando que su Gobierno está “abierto” a mejorar, seguía aprobando nuevas modificaciones presupuestarias, exactamente una de las prácticas que el Tribunal de Cuentas censura de manera reiterada. Una contradicción difícil de explicar y aún más difícil de justificar.
Pero el problema va mucho más allá.
El Gobierno de Juan Vivas continúa recurriendo de forma habitual al reconocimiento extrajudicial de créditos, un mecanismo que la legislación contempla únicamente para situaciones excepcionales y que en Ceuta parece haberse convertido en una herramienta ordinaria para pagar facturas cuya tramitación no se realizó conforme al procedimiento legal. Cuando lo excepcional se convierte en costumbre, deja de ser una solución para convertirse en un síntoma de una pésima planificación económica.
A ello se suma otra práctica especialmente preocupante: el fraccionamiento de contratos y de gastos, una cuestión sobre la que distintos órganos de fiscalización llevan años advirtiendo cuando se utiliza para evitar los procedimientos de contratación que exige la ley. No se puede hablar de transparencia mientras se mantienen dinámicas que generan dudas sobre el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y control del gasto público.
Lo verdaderamente alarmante es que la consejera haya decidido poner el foco únicamente en las recomendaciones que le resultan más cómodas, pasando de puntillas sobre las cuestiones realmente graves. No habla de la ausencia de un Plan Anual de Control Financiero. No explica por qué la Ciudad sigue sin disponer de un inventario patrimonial plenamente fiable. Tampoco aclara por qué, 25 años después, la Intervención General continúa ocupada de forma accidental, privando a la Administración de una figura clave para garantizar la independencia del control económico.
La sensación es clara: el Gobierno del Partido Popular ha normalizado una forma de gestionar basada en improvisar primero y regularizar después. Modificaciones presupuestarias constantes, reconocimientos extrajudiciales que se suceden pleno tras pleno y una planificación económica que parece vivir permanentemente al margen de las recomendaciones del máximo órgano fiscalizador del Estado.
Lo preocupante ya no es que el Tribunal de Cuentas siga detectando las mismas deficiencias. Lo verdaderamente grave es comprobar que el Gobierno de Kissy Chandiramani parece haber asumido esas advertencias como si fueran una simple rutina administrativa, en lugar de entenderlas como un serio aviso sobre la necesidad de cambiar su forma de gestionar el dinero de todos los ceutíes.
La transparencia no se mide por las ruedas de prensa ni por los discursos institucionales. Se mide por el respeto a la legalidad, por la planificación del gasto, por la eliminación de prácticas excepcionales convertidas en norma y por el cumplimiento efectivo de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
Las recomendaciones no son un adorno institucional; son advertencias para corregir deficiencias que afectan a la gestión del dinero público. Ignorarlas, minimizarlas o presentar como un éxito lo que en realidad es el resultado de 25 años de continuas llamadas de atención supone un ejercicio de autocomplacencia que Ceuta no puede permitirse.
Mientras el Gobierno siga recurriendo a modificaciones presupuestarias, reconocimientos extrajudiciales de crédito y otras fórmulas excepcionales como herramientas habituales de gestión, será difícil sostener que existe un verdadero compromiso con la transparencia, el rigor y la buena administración. Porque, al final, los hechos pesan mucho más que las palabras.
