Operativo con 400 agentes de la Policía Nacional utilizando helicópteros, drones y maquinaria especializada bloquea activos valorados en más de un millón de euros vinculados a tres clanes familiares.
SANTANDER. — Una operación a gran escala de la Policía Nacional, que movilizó a más de 400 agentes de unidades especiales y centrales, ha concluido con la completa desarticulación de una compleja red criminal de carácter polidelictivo que actuaba con impunidad en la comarca del Besaya, en Cantabria. Hasta ahora, se han detenido a 33 personas y se ha bloqueado preventivamente un patrimonio cuyo valor en el mercado supera el millón de euros.
La estructura criminal estaba organizada en torno a tres clanes familiares con fuerte arraigo en la zona. Según fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía, estos grupos mantenían en un estado constante de presión e inseguridad a la población local. En los últimos meses, se intensificaron los enfrentamientos internos y externos, incluyendo episodios graves con el uso de armas de fuego en conflictos vecinales y territoriales.
Ante la creciente inquietud social, las autoridades judiciales y policiales aceleraron la fase operativa el pasado miércoles. La intervención simultánea comenzó a las 5:00 horas de la madrugada, sorprendiendo los principales puntos estratégicos del entramado en Torrelavega, Cartes y especialmente en el barrio de Barreda de Torrelavega.
Despliegue de especialistas: drones, GEO y maquinaria pesada
La magnitud de la operación exigió recursos sin precedentes en la comunidad. Más de 400 miembros de la Policía Nacional, incluidos agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), Unidades de Intervención Policial (UIP), Unidades de Prevención y Reacción (UPR), así como expertos en subsuelo, guías caninos y el Servicio Aéreo, participaron activamente en el cerco.
El empleo coordinado de helicópteros y drones avanzados aseguró la vigilancia aérea y evitó posibles fugas por tejados. También se utilizaron palas excavadoras para derribar barreras reforzadas y localizar compartimentos ocultos y dobles fondos en los inmuebles inspeccionados.
Se realizaron 26 entradas y registros simultáneos. En estos controles, los agentes incautaron importantes cantidades de efectivo, que superan los 10.000 euros, drogas listas para distribución, diversas armas —incluidas una catana, grandes cuchillos y un bate de béisbol—, 40 teléfonos móviles y 32 piezas de oro de procedencia ilícita.
«Ha sido la mayor operación policial en Cantabria en años, devolviendo la calma a una comunidad que vivía bajo presión». — Pedro Casares, Delegado del Gobierno en Cantabria.
De peleas clandestinas a una amplia gama de delitos
La investigación comenzó a mediados de 2025 cuando la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción de Torrelavega abrieron diligencias tras descubrir indicios de peleas ilegales de gallos en el municipio. Lo que inicialmente parecía ser una red de apuestas ilícitas y maltrato animal resultó ser solo un aspecto superficial de un complejo entramado delictivo.
Después de dieciocho meses de investigación multidisciplinar, las fuerzas de seguridad determinaron que la organización funcionaba como una auténtica corporación criminal. Los clanes monopolizaban la distribución local de droga a gran escala y, aprovechando la adicción de sus clientes, coaccionaban a estos para cometer robos y otros delitos contra la propiedad en la región, quedándose los líderes con las ganancias derivadas de la receptación.
Los vecinos que intentaban denunciar o resistirse eran sistemáticamente amenazados. Los clanes mantenían un control territorial firme basado en la intimidación, afectando la convivencia pacífica en los barrios.
La práctica del maltrato animal continuaba siendo una actividad característica del grupo. En los registros, se encontraron 53 gallos de pelea —seis fallecidos y el resto con amputaciones y heridas graves causadas por los combates—, además de equipos de entrenamiento, como cintas adaptadas para mejorar la resistencia de los animales.
Blanqueo de capitales: menores usados como testaferros
Uno de los aspectos más complejos fue la rama económica y el lavado de dinero. Ninguno de los principales miembros de los clanes tenía empleo formal ni negocios lícitos conocidos, aunque gozaban de un alto nivel de vida y poseían variadas propiedades y vehículos de alta gama.
La Policía Financiera detectó que buena parte del patrimonio, valorado en más de un millón de euros, estaba registrado a nombre de hijos menores de edad de los detenidos, intentando así proteger los bienes frente a posibles acciones judiciales y dificultar la investigación del capital ilegal.
Derivado de este análisis, la autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de 118 cuentas bancarias asociadas a 51 personas investigadas, además del embargo preventivo y la prohibición de uso de 110 vehículos y 27 inmuebles.
El proceso judicial continúa bajo secreto parcial. Pedro Casares, delegado del Gobierno en Cantabria, ha felicitado a las fuerzas del orden por esta operación, que se considera la más relevante contra el crimen organizado en la historia reciente de la región. Fuentes policiales han confirmado que el operativo sigue activo y que no se descartan nuevas detenciones o intervenciones próximamente.
