EDITORIAL
La gestión de la crisis provocada por el aumento de las entradas irregulares de inmigrantes en Ceuta ha puesto de manifiesto un cambio significativo en el discurso del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas. Un cambio que muchos sitúan a partir de la visita del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y del secretario general del partido, Miguel Tellado, cuando el mensaje institucional dio paso a un tono mucho más crítico con el Gobierno central.
En los primeros momentos de la crisis, Vivas defendía una posición basada en la lealtad institucional. Reiteraba que existía coordinación entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno de España, transmitía un mensaje de tranquilidad y aseguraba que las administraciones trabajaban conjuntamente para hacer frente a una situación de enorme complejidad. Su objetivo era evitar la confrontación política y proyectar una imagen de unidad institucional.
Incluso cuando la oposición cuestionaba la respuesta del Ejecutivo, el presidente insistía en que la prioridad era gestionar la emergencia desde la colaboración entre administraciones, alejándose de discursos que pudieran aumentar la tensión social.
Sin embargo, ese planteamiento ha ido evolucionando. Tras la visita de Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado a Ceuta, el discurso del presidente ha endurecido notablemente el tono. Las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez se han intensificado y algunas de sus declaraciones han sido interpretadas como un acercamiento a las posiciones que Vox mantiene desde hace tiempo respecto al control de la inmigración irregular y la gestión de las fronteras.
La diferencia no reside únicamente en el contenido, sino también en la forma. Donde antes predominaban los mensajes de coordinación y responsabilidad institucional, ahora cobran mayor protagonismo las denuncias sobre la falta de medios, la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo y la necesidad de respuestas más contundentes frente a la presión migratoria.
Este giro resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta la experiencia política vivida en Ceuta durante los años en los que el Gobierno de Juan Vivas necesitó el apoyo de Vox para sacar adelante iniciativas fundamentales. A juicio de numerosos sectores sociales y políticos, aquel periodo evidenció hasta qué punto la convivencia podía verse tensionada cuando el debate político giraba hacia cuestiones identitarias y religiosas.
Las posiciones que Vox ha mantenido respecto a Ceuta han sido motivo de una intensa controversia. Sus dirigentes han sostenido en diversas ocasiones que una parte importante de la población musulmana ceutí responde antes a intereses marroquíes que a una identidad plenamente española, una afirmación que ha sido rechazada por instituciones, colectivos sociales y representantes de esa comunidad. Del mismo modo, el discurso del partido sobre el islam ha sido calificado por numerosos analistas, organizaciones y adversarios políticos como islamófobo, al considerar que contribuye a estigmatizar a una parte de la ciudadanía por sus creencias religiosas.
Precisamente por ello, cualquier aproximación del Partido Popular a esos planteamientos genera preocupación entre quienes consideran que la principal fortaleza de Ceuta reside en su convivencia entre culturas, religiones y comunidades. La ciudad ha construido durante décadas un delicado equilibrio social basado en el respeto mutuo y en la defensa de una ciudadanía compartida, independientemente del origen o la confesión religiosa de cada persona.
La crisis migratoria exige respuestas eficaces, mayor implicación del Estado y una política fronteriza que garantice tanto la seguridad como el respeto a los derechos humanos. Pero también exige preservar la cohesión social de Ceuta y evitar que el debate sobre la inmigración termine trasladándose a la convivencia entre los propios ceutíes.
Juan Vivas siempre ha defendido un perfil moderado y ha reivindicado el diálogo institucional como herramienta para afrontar los problemas de Ceuta. Precisamente por ello, el endurecimiento de su discurso plantea interrogantes sobre si responde exclusivamente a la evolución de la crisis migratoria o si también refleja un cambio estratégico dentro del Partido Popular ante la creciente influencia política de Vox.
Porque la experiencia reciente demuestra que, en una ciudad tan diversa como Ceuta, la frontera entre el legítimo debate sobre la inmigración y la utilización de discursos que pueden fracturar la convivencia es especialmente estrecha. Y esa es una responsabilidad que ningún dirigente político debería perder de vista.
