Tras cerca de cuatro meses de vistas en la Audiencia Nacional, el procedimiento llega a su etapa final con los alegatos de las defensas que quedan —incluida la de José Manuel Villarejo— y la intervención final de los ocho imputados.
MADRID.– El proceso judicial correspondiente a la denominada ‘Operación Kitchen’, en curso en la Audiencia Nacional desde el 6 de abril, se aproxima a su cierre. Durante esta semana se llevarán a cabo las últimas sesiones para concluir con la presentación de los informes de las defensas y permitir que los ocho acusados realicen su última declaración, dejando la causa lista para sentencia, que se espera antes del jueves.
La sesión del lunes inicia con las intervenciones de los abogados de los últimos cuatro acusados. Entre estos destaca el excomisario José Manuel Villarejo, quien ha expresado su intención de participar personalmente en la exposición de su informe final, ejerciendo su derecho como abogado junto a su defensor, Antonio José García Cabrera.
Además de Villarejo, presentarán sus conclusiones las defensas de:
- Sergio Ríos: Exchofer de Luis Bárcenas, reclutado como informante del operativo.
- Andrés Gómez Gordo: Comisario y antiguo asesor de seguridad de María Dolores de Cospedal.
- José Luis Olivera: Comisario acusado a solicitud de la Abogacía del Estado y de las acusaciones populares del PSOE y Podemos.
Intercambio de señalamientos en la cúpula del Ministerio del Interior
Las audiencias anteriores estuvieron dominadas por los informes de las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y de su exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quienes adoptaron posturas muy distintas para desligarse de la presunta red de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
La defensa de Fernández Díaz descartó cualquier implicación en el manejo de la documentación de Bárcenas y acusó a Martínez de alterar mensajes de texto certificados ante notario que le incriminan. Por su parte, el exnúmero dos del Ministerio defendió la legalidad de la operación policial encubierta, argumentando su letrado que estaba dirigida a actividades policiales de «inteligencia» destinadas a rastrear cuentas ocultas y posibles testaferros tras la revelación del patrimonio del extesorero en Suiza.
