El Grupo Popular ha incrementado la tensión institucional al calificar al entorno socialista como una «organización criminal» y criticar a Teresa Peramato por actuar como «defensora del sanchismo».
MADRID. — Este viernes, el Partido Popular protagonizó una de sus intervenciones más duras en el Senado contra la dirección del Ministerio Fiscal. Durante la comparecencia de la fiscal general, Teresa Peramato, ante la comisión de Justicia, los portavoces del PP criticaron la gestión del organismo, acusándolo de perder su imparcialidad para convertirse en el «abogado defensor del sanchismo».
El punto álgido de la sesión ocurrió cuando los representantes populares endurecieron sus críticas, señalando que la Fiscalía, en lugar de perseguir los delitos según lo dispuesto por la Constitución, ha decidido «abrir sus puertas a las cloacas del PSOE, presuntamente una organización criminal». Según la perspectiva del PP en la cámara alta, estas supuestas cloacas fueron «creadas y financiadas por el PSOE para dañar a jueces, fiscales y policías» que investigan a personas cercanas al Gobierno.
El ‘caso Ayuso’ centra el debate
Además de las críticas generales, uno de los principales puntos de conflicto durante la sesión fue la defensa que Peramato hizo de su antecesor, Álvaro García Ortiz. Recordemos que García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo por revelar secretos vinculados a la filtración de datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Para el PP, el respaldo público de la actual fiscal a su predecesor evidencia la «total subordinación» del Ministerio Fiscal a los intereses políticos del Palacio de la Moncloa. Los populares reprocharon que el Ministerio Público se utilice como un instrumento para replicar políticamente y desgastar a los líderes de la oposición.
Respuesta institucional
Por otra parte, fuentes del Parlamento indican que este intercambio refleja las profundas tensiones entre las instituciones y la constante vigilancia que el PP ejerce sobre el sistema judicial. Durante la sesión, se defendió la independencia del Ministerio Fiscal y el cumplimiento estricto de la legalidad en sus actuaciones, rechazando las acusaciones de ser un brazo político y resaltando la labor de la carrera fiscal frente a lo que consideran una campaña para deslegitimarla.
