El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que impone a Kiko Hernández una indemnización de 30.000 euros a favor de Julia Janeiro por la vulneración de sus derechos al honor, la intimidad y la propia imagen durante su participación en el programa ‘Sálvame’ de Telecinco. El alto tribunal rechazó el recurso de casación presentado por el colaborador y ratificó la resolución previa, que también condenaba a Mediaset a abonar 190.000 euros por los mismos motivos, cantidad que la compañía audiovisual no recurrió tras la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Cádiz.
La joven afectada anunció la decisión judicial a través de sus redes sociales, señalando que “una vez más los tribunales me dan la razón” y destacando que “el Tribunal Supremo condena a Kiko Hernández a indemnizarme con 30.000 euros. No todo vale”. El tribunal estableció un plazo máximo de 20 días para que Hernández liquide la cantidad establecida, más las costas derivadas de los procesos judiciales anteriores.
Dieciocho emisiones investigadas judicialmente
El procedimiento judicial comenzó con una demanda presentada por Averum Abogados, liderada por su socio-director Mario Bonacho. La denuncia respondía a las informaciones emitidas en 18 episodios del programa ‘Sálvame’, difundidas poco después de que Julia Janeiro cumpliera la mayoría de edad en abril de 2021. La Justicia constató que el espacio de Telecinco especuló acerca de aspectos privados, sociales y escolares de la joven, origen de que esta tuviera que cambiar de domicilio para evitar el acoso mediático.
Durante el proceso, se examinó la cobertura informativa realizada por la cadena sobre la demandante. El programa ‘Socialité’, también de Mediaset, incluso realizó una cuenta regresiva para eliminar el difuminado de fotos del perfil de Julia en Instagram. Posteriormente, otros espacios como ‘Sálvame’ difundieron detalles de su vida actual y su etapa como menor.
Las decisiones judiciales previas, emanadas de un juzgado de Arcos de la Frontera y confirmadas por la Audiencia Provincial de Cádiz en Jerez, subrayaron que tanto Mediaset como Kiko Hernández difundieron datos no verificados. Entre las informaciones emitidas se mencionaron supuestas malas relaciones con compañeras de colegio, afirmaciones sobre detenciones por robo y alusiones al consumo de drogas. Los jueces concluyeron que los acusados actuaron “de manera sistemática” sin que se demostrara la veracidad de tales indicios.
El estatus de personaje público e influencer
En sus recursos, tanto la cadena como el colaborador pidieron la reducción o eliminación de las indemnizaciones argumentando la proyección mediática de los padres de la joven, el torero Jesulín de Ubrique y María José Campanario, habituales en la prensa del corazón, y la actividad de Julia como influencer en Instagram, con más de 200.000 seguidores enfocados en moda y estética. Su madre testificó en sede judicial sobre la ansiedad y malestar que sufrió su hija al ser objeto de seguimiento mediático.
Los magistrados rechazaron los argumentos, señalando que llevar un apellido reconocido no confiere mayor relevancia pública ni autoriza la intromisión en la intimidad, especialmente cuando se difundieron datos de su infancia sin consentimiento. Mario Bonacho recordó que “ser una persona pública no es algo heredable”.
Además, la sentencia destacó que la condición de influencer, conocida como Juls Janeiro, no implica un interés mediático legítimo por sí sola. El tribunal asentó que su contenido en redes sociales está desvinculado de su vida privada, familiar o sentimental y que está destinado a la interacción con seguidores, lo que no habilita a medios de comunicación a usar esas publicaciones para divulgar opiniones sobre su privacidad sin autorización.
La resolución judicial definitiva obliga a Mediaset a eliminar todos los contenidos relacionados de sus plataformas, permitiendo solamente una reducción en los intereses asociados a la indemnización principal. La ratificación del Supremo cierra definitivamente la vía ordinaria del litigio entre la joven, el grupo audiovisual y su colaborador, tras desestimar por completo los argumentos presentados por la defensa de Hernández.
