El órgano fiscalizador detecta deficiencias que se repiten desde hace años y reclama al Gobierno local reforzar el control financiero, regularizar el inventario de bienes y corregir irregularidades en la gestión presupuestaria.
Las advertencias del Tribunal de Cuentas a la Ciudad Autónoma de Ceuta han dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una constante. El último informe de fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2022 vuelve a señalar importantes deficiencias en la gestión económico-financiera de la Administración autonómica y pone sobre la mesa una realidad incómoda: muchas de las recomendaciones realizadas en ejercicios anteriores siguen pendientes de cumplirse.
Aunque el Tribunal no cuestiona que las cuentas reflejen, con determinadas salvedades, la situación económica de la Ciudad, sí advierte de problemas estructurales relacionados con el control interno, la contabilidad patrimonial, la contratación y la supervisión del gasto público.
Un inventario de bienes que continúa siendo una asignatura pendiente
Uno de los aspectos que más preocupa al órgano fiscalizador es la falta de fiabilidad del inventario de bienes de la Ciudad.
El Tribunal señala que persisten deficiencias en la valoración y actualización del inmovilizado, una situación que dificulta conocer con precisión el patrimonio real de la Administración. No se trata de una observación nueva, sino de una recomendación que se viene repitiendo desde hace años sin que se haya resuelto de forma definitiva.
Para un organismo cuya misión es garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, disponer de un inventario incompleto supone una importante debilidad en la gestión patrimonial.
Más control financiero y menos actuaciones puntuales
Otra de las críticas del Tribunal se centra en el sistema de control interno.
El informe reclama la elaboración de un Plan Anual de Control Financiero, con actuaciones permanentes y auditorías públicas que permitan supervisar de forma continuada la actividad económica de la Administración y de sus entidades dependientes.
Según el órgano fiscalizador, el control no debe limitarse únicamente a la fiscalización previa de expedientes, sino incorporar mecanismos de evaluación de la eficacia, eficiencia y legalidad del gasto público. (BOE)
La Intervención General sigue bajo la lupa
Uno de los asuntos más delicados vuelve a ser la situación de la Intervención General, considerada la principal garantía de control económico dentro de la Administración.
El Tribunal recuerda que esta función ha permanecido durante años en una situación de provisionalidad y ya había advertido anteriormente sobre la necesidad de adecuar esta circunstancia a la normativa estatal.
La estabilidad y el fortalecimiento de este órgano son considerados esenciales para mejorar la fiscalización del gasto y prevenir posibles irregularidades administrativas. (TCU)
Recomendaciones que se repiten ejercicio tras ejercicio
El informe transmite una sensación clara: buena parte de las observaciones realizadas no son nuevas.
Entre las recomendaciones reiteradas figuran:
- Actualizar y depurar el inventario de bienes.
- Reforzar el control financiero permanente.
- Mejorar la coordinación entre la Administración General y sus organismos.
- Perfeccionar los procedimientos contables.
- Reducir las incidencias en la gestión presupuestaria.
- Implantar sistemas más eficaces de seguimiento económico.
La reiteración de estas advertencias lleva al Tribunal a insistir en que la Ciudad debe adoptar medidas estructurales y no únicamente actuaciones puntuales.
Transparencia sí, pero también eficacia
La fiscalización del Tribunal de Cuentas no implica la existencia de responsabilidades penales ni supone una condena política. Su función consiste en evaluar cómo se administran los recursos públicos y formular recomendaciones para mejorar la gestión.
Sin embargo, que las mismas observaciones aparezcan de forma reiterada en sucesivos informes plantea interrogantes sobre la capacidad de la Administración para corregir las deficiencias detectadas.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas asumió estas conclusiones e instó a la Ciudad Autónoma a implantar las medidas necesarias para reforzar el control económico y mejorar la gestión de los fondos públicos. (BOE)
Un reto pendiente para el Gobierno de la Ciudad
La mejora de la gestión económica no depende únicamente del cumplimiento formal de las cuentas. También exige reforzar los mecanismos de control interno, actualizar procedimientos y garantizar que las recomendaciones del máximo órgano fiscalizador del Estado no queden archivadas hasta el siguiente informe.
Porque si las advertencias del Tribunal vuelven a repetirse año tras año, la cuestión ya no es qué problemas detecta el informe, sino por qué siguen sin resolverse.
