MADRID – El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respaldó este martes la decisión de su partido de disminuir la solicitud de condena para el comisionista Víctor de Aldama. Según Feijóo, esta medida se basa exclusivamente en la colaboración del empresario con el sistema judicial, tras sus recientes declaraciones en las que implicó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Fricción entre el PP y la Fiscalía Anticorrupción
Al llegar a un evento en el Senado, Feijóo calificó como un «escándalo» la presunta influencia de la Fiscalía General del Estado en la postura del fiscal encargado del caso. Mientras el PP decidió reducir sus solicitudes de prisión, el fiscal Alejandro Luzón mantuvo su demanda de siete años de cárcel, basándose en que el testimonio de Aldama carece de pruebas contundentes.
«Cuando Anticorrupción percibe que un acusado está colaborando, lo normal es pedir una rebaja de pena», declaró Feijóo, criticando que no se permita actuar al fiscal de acuerdo con su propia doctrina.
La táctica de la acusación popular
El equipo jurídico del PP, encabezado por Alberto Durán, ha impulsado este cambio en la acusación popular, integrada por seis organizaciones adicionales. La nueva línea busca que ninguna de las imputaciones a Aldama conlleve más de dos años de prisión individualmente, sumando en total poco más de cinco años.
Puntos esenciales de la posición del PP:
- Beneficio procesal: Valoran que el acusado contribuya al «esclarecimiento de los hechos».
- Fundamento jurídico penal: Consideran que la colaboración es un atenuante habitual en casos de corrupción.
- Enfoque en el Tribunal Supremo: Feijóo minimizó la relevancia de su propia petición, enfatizando que «lo verdaderamente relevante es la sentencia del Tribunal Supremo».
Contexto político
Esta disminución de la pena por parte del principal partido opositor ocurre en un ambiente de considerable tensión política. Las acusaciones de Aldama, que señaló a Sánchez como el «líder» de la red, motivaron que el PP considerara su testimonio como «valioso y efectivo», pese a que la Fiscalía General calcula con cautela la falta de documentos o pruebas físicas que respalden dichas imputaciones.
Con esta medida, los populares intentan proteger la figura del «arrepentido» para continuar investigando una trama que, aseguran, llegaría hasta el núcleo del Ejecutivo en La Moncloa.
