Madrid, 5 de mayo de 2026 — El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha intervenido en la controversia sobre el caso Koldo con declaraciones cargadas de ironía y críticas hacia el Partido Popular. Bolaños considera que el cambio en la estrategia judicial del PP evidencia una alianza entre el partido de Alberto Núñez Feijóo y el empresario Víctor de Aldama.
«Quiero agradecer al Partido Popular y al señor Aldama por dejar tan claro que colaboran entre ellos de forma mutua«, afirmó el ministro, señalando que la disminución de la pena solicitada (de siete años a cinco años y medio) responde a intereses compartidos.
Contrastes entre la postura del PP y la Fiscalía
Bolaños ha enfatizado una separación clara entre la acusación popular dirigida por el PP y la posición del Ministerio Fiscal. Al referirse al enfoque de la Fiscalía en el mismo caso, el ministro defendió su independencia:
- Fundamentos técnicos: Según Bolaños, la Fiscalía basa su criterio exclusivamente en aspectos técnicos, sin influencia política.
- Respeto institucional: El ministro reiteró el «respeto absoluto» que tanto el Gobierno como el Ministerio de Justicia mantienen hacia las resoluciones adoptadas por el Ministerio Fiscal «en su conjunto».
Reservas sobre la denuncia personal por soborno
A pesar de sus duras críticas al PP, Bolaños ha mantenido discreción respecto a su situación legal personal con el empresario. El ministro se abstuvo de comentar la denuncia que presentó contra Víctor de Aldama tras las afirmaciones públicas de Aldama sobre un intento de soborno al propio Bolaños.
«El PP deberá explicar por qué alguien que recibió millones en comisiones permanece sin consecuencias», coincidieron diversas fuentes gubernamentales, en sintonía con las declaraciones del ministro.
Respuesta política
Esta intervención incrementa la tensión entre el Ejecutivo y el partido principal en la oposición, en un contexto donde las acusaciones populares y los acuerdos con investigados están marcando el curso de la legislatura. Mientras el PP ajusta sus argumentos judiciales, el Gobierno utiliza esta circunstancia para cuestionar la integridad de la estrategia de los populares en la lucha contra la corrupción.
