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Interior refuerza la seguridad en el proceso de regularización: los antecedentes penales serán excluyentes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha transmitido hoy un mensaje claro y sereno acerca del proceso de regularización de extranjeros en España. Tras la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Interior ha asegurado que la seguridad nacional y el mantenimiento del orden público constituyen requisitos imprescindibles para la concesión de los permisos de residencia.

El ministro ha sido enfático: no se permitirá la regularización de personas que representen un riesgo para la seguridad, incluso en ausencia de una condena judicial firme.

Controles de seguridad y antecedentes penales

Durante su intervención, Marlaska explicó el alcance de la directriz emitida por Instituciones Penitenciarias, que obliga a informar a los presos preventivos sobre los procedimientos para la regularización. Asimismo, detalló los casos que quedarán excluidos automáticamente del proceso:

  • Presos con condena firme: personas actualmente cumpliendo sentencia.
  • Ex-reclusos: individuos que han finalizado su condena pero mantienen antecedentes penales.
  • Presos preventivos con antecedentes: internos en prisión provisional que cuentan con antecedentes por delitos previos.

“Aquellos con antecedentes penales no podrán acceder a esta medida”, indicó el ministro, enfatizando que el sistema se orienta a garantizar tanto los derechos del solicitante como la seguridad de la sociedad española.

El informe de la Policía Nacional: un documento fundamental

Además de los antecedentes judiciales, el Ministerio del Interior otorga un papel decisivo a la Policía Nacional. Cada expediente para regularización incluirá un informe de seguridad elaborado por este cuerpo.

Dicho informe será determinante para denegar la residencia a migrantes que, aunque no tengan antecedentes penales, sean considerados una amenaza para el orden público o la seguridad nacional conforme a criterios policiales.

Para concluir, Marlaska expresó su plena confianza en que estos informes serán adecuados y oportunos, proporcionando una base sólida para que las decisiones finales prioricen siempre la seguridad pública del país.

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