El informe estadístico del último año muestra un aumento en la letalidad durante las acciones de las fuerzas de seguridad, sumando un total de 77 muertes en los últimos seis años.
MADRID – El Ministerio del Interior ha divulgado las cifras oficiales sobre fallecimientos ocurridos en intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) durante el año pasado. De acuerdo con el informe, en 2025 se registraron 22 muertos en este tipo de intervenciones, representando el número más alto en los últimos seis años y evidenciando una tendencia creciente que ha llamado la atención de expertos y organizaciones de derechos humanos.
Con esta cifra, el total de víctimas mortales desde 2020 asciende a 77 personas, indicando un repunte notable tras periodos de relativa estabilidad en las estadísticas de fallecimientos en operaciones policiales.
Análisis de los datos
El balance del Ministerio de Interior presenta una evolución con altibajos en los últimos seis años:
| Año | Fallecidos en intervenciones policiales |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 15 |
| 2025 | 22 |
El incremento registrado en 2025 supone un aumento cercano al 46% con respecto al año anterior. Esta tendencia al alza es atribuida por Interior a diversos factores, entre ellos la mayor complejidad de las intervenciones debido a perfiles delincuentes más violentos y casos de salud mental que no se gestionan adecuadamente durante las detenciones.
Contexto de las intervenciones
Por motivos de confidencialidad y procesos judiciales en curso, el informe no especifica detalles de cada caso. Sin embargo, Interior indica que la mayoría de estos sucesos ocurren en tres situaciones principales:
- Enfrentamientos armados en operaciones contra el crimen organizado o el terrorismo.
- Restricción de personas en estado de agitación o bajo la influencia de sustancias, donde se producen paradas cardiorrespiratorias.
- Intentos de escape que terminan con un desenlace fatal durante persecuciones.
Reacciones y transparencia
La divulgación de estos datos coincide con un debate sobre la implementación generalizada de cámaras corporales (bodycams) en todas las unidades policiales. Representantes sindicales defienden que estas tecnologías brindarían «seguridad jurídica» tanto a los agentes como a la ciudadanía, facilitando la supervisión rigurosa del cumplimiento de los protocolos de proporcionalidad.
Por su parte, diversas asociaciones manifiestan su preocupación ante el «uso de la fuerza letal» y demandan una revisión de los protocolos, especialmente en situaciones que involucran crisis psiquiátricas, promoviendo técnicas de desescalada que eviten la violencia.
El Ministerio del Interior subraya que cada uno de los 22 casos está siendo investigado internamente de oficio y, en casi todos los casos, también tiene lugar una investigación judicial para verificar la legalidad de las acciones policiales.
