El Ejecutivo ha solicitado al Tribunal Supremo que no conceda la suspensión cautelar solicitada del proceso, señalando que los inmigrantes ya acceden a los servicios públicos y que la regularización contribuirá con beneficios económicos mediante las cotizaciones sociales.
MADRID – Esta semana se produce un momento crítico en el litigio judicial vinculado a la regularización extraordinaria de inmigrantes. La Abogacía del Estado ha pedido formalmente al Supremo que rechace las solicitudes de suspensión cautelar presentadas por varias administraciones y organizaciones, argumentando que paralizar la norma en este punto «perjudicaría gravemente el interés general».
Audiencias decisivas contra Madrid y Vox
El miércoles, el Supremo celebrará cinco vistas fundamentales para analizar las medidas cautelares solicitadas por quienes se oponen al Real Decreto. Entre los recurrentes figuran:
- La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso.
- El partido político Vox.
- Organizaciones como Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica.
Otras regiones, entre ellas Aragón y Castilla y León, también han presentado recursos, aunque no forman parte de las audiencias inmediatas previstas para esta semana.
La perspectiva económica: de usuarios a contribuyentes
En el escrito de oposición, al que tuvo acceso la Agencia EFE, la Abogacía del Estado refuta uno de los argumentos principales de quienes recurren: el presunto colapso de los servicios públicos.
El Gobierno sostiene que conceder la residencia no genera un impacto adicional en los sistemas de salud o educación, dado que las personas beneficiarias ya acceden actualmente a dichos servicios. Por el contrario, se destaca que la regularización facilitará:
- Una integración social plena: asegurando el ejercicio completo de sus derechos.
- Un beneficio económico: la posibilidad de incorporarse legalmente al mercado laboral incrementará las cotizaciones sociales, convirtiendo a residentes en contribuyentes activos.
Atención sanitaria garantizada por la legislación vigente
En relación con la supuesta presión sobre los servicios sanitarios, el texto recuerda que la normativa española vigente garantiza la asistencia médica independientemente del estatus legal de las personas. Por tanto, el Real Decreto solo regulariza administrativamente a quienes ya están recibiendo atención, sin modificar la carga sobre el sistema.
La importancia del calendario
La Abogacía del Estado ha señalado al Tribunal Supremo la relevancia del aspecto temporal. El plazo para presentar solicitudes de regularización concluye el 30 de junio. Una suspensión cautelar del decreto en esta etapa invalidaría prácticamente la medida para miles de posibles solicitantes, impidiéndoles normalizar su situación antes de la fecha límite.
El Supremo debe decidir si se acoge el principio de precaución defendido por la Comunidad de Madrid o permite la continuidad del proceso por su valor en la integración social y la economía nacional.
