La organización Hazte Oír, principal acusación en el caso, también exige la declaración de Pedro Sánchez como testigo y la adopción de medidas cautelares ante un supuesto «riesgo de fuga».
MADRID – En la fase más reciente del procedimiento judicial vinculado al entorno del Palacio de la Moncloa, la acusación popular ha presentado sus conclusiones provisionales. Tras la finalización de la instrucción, el 11 de abril, a cargo del juez Juan Carlos Peinado, la plataforma Hazte Oír ha solicitado un total de 24 años de cárcel para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Esta petición llega después de que el magistrado sugeriese juzgar a Gómez mediante un tribunal popular por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
Detalle de las penas requeridas
La acusación ha especificado las solicitudes de prisión para los tres principales acusados:
- Begoña Gómez (24 años): 8 años por malversación, 6 por tráfico de influencias, 6 por apropiación indebida y 4 por corrupción en los negocios.
- Cristina Álvarez (22 años): Asesora de Gómez, enfrenta cargos similares por su presunta participación en actividades privadas usando recursos públicos.
- Juan Carlos Barrabés (6 años): Empresario implicado, acusado de tráfico de influencias (2 años) y corrupción en los negocios (4 años).
Solicitud para que Pedro Sánchez declare como testigo
Entre los aspectos destacados del escrito figura la petición para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el juicio como testigo. La acusación sostiene que su testimonio es «clave» para aclarar el uso de La Moncloa como centro operativo y la relación de jerarquía y confianza que habría facilitado los presuntos delitos.
De igual forma, se requiere la declaración del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para que explique el proceso de nombramiento de Cristina Álvarez.
Medidas cautelares: Ante la gravedad de las penas solicitadas, Hazte Oír ha pedido al juez que retire el pasaporte a los acusados, les impida salir del país y los obligue a presentarse en el juzgado cada 15 días, argumentando un «riesgo evidente de fuga».
Diferencias dentro de la acusación: el rol de Manos Limpias
Aunque comparten la acusación, el sindicato Manos Limpias ha presentado un escrito propio, mostrando una posición más moderada respecto a las penas y a la estrategia judicial:
- Penas reducidas: Solicita para Begoña Gómez un total de 10 años y tres meses de prisión.
- Exención de responsabilidad para la asesora: A diferencia de Hazte Oír, Manos Limpias pide que Cristina Álvarez no sea responsabilizada.
- Rechazo al juicio por jurado: Manos Limpias ha solicitado que el caso no sea juzgado por un tribunal popular, distanciándose de la postura del juez Peinado y de las demás acusaciones.
La acusación describe que Gómez, desde 2018, habría utilizado su posición para gestionar una cátedra en la Universidad Complutense y beneficiar a empresarios mediante cartas de recomendación, además de apropiarse presuntamente de software desarrollado por la universidad.
