Desde este jueves, 250.000 empleados públicos de la Administración General del Estado disminuyen su jornada laboral, lo que representa 15 días menos de trabajo anual y amplía la brecha con respecto al sector privado.
Después de años de demandas sindicales y largos meses de negociación con el Ministerio de Función Pública, los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) comienzan a disfrutar desde el 16 de abril de una jornada semanal de 35 horas. Esta modificación pone fin al régimen de 37,5 horas que estaba vigente, equiparando a estos trabajadores con la mayor parte de sus compañeros en administraciones autonómicas y locales, que ya aplicaban este horario reducido.
El efecto concreto: reducción de 109 horas laborales al año
En la rutina diaria, esta nueva jornada implica una reducción de 30 minutos diarios. En conjunto, supone 2 horas y media menos por semana, lo que en términos anuales equivale a un descenso de 109 horas trabajadas.
Esta disminución equivale a una reducción de alrededor de tres semanas laborables al año, o lo que es igual, 15 jornadas laborales menos que los funcionarios dejarán de trabajar. Aunque la norma entra en vigor desde hoy, la Administración contará con un plazo máximo de un mes para adaptar los calendarios laborales y actualizar los sistemas de control de presencia en los distintos centros.
Beneficiarios y exclusiones de la medida
La reducción horaria afecta a cerca de la mitad del personal de la administración central. La instrucción abarca directamente a empleados de los ministerios, organismos gestores de la Seguridad Social, agencias estatales y entes autónomos.
No obstante, la normativa contempla ciertas diferenciaciones relevantes:
- Inclusión condicionada: Aunque se reconoce a sanitarios, docentes de la administración central e instituciones penitenciarias, su incorporación requiere ajustes previos según sus normativas específicas.
- Fuerzas Armadas: Aunque en principio no estaban contempladas, el Ministerio de Defensa ha anunciado la aplicación inmediata de la reducción de jornada para el personal militar.
- Excluidos: Se excluyen expresamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil.
- Administraciones locales: Empleados de ayuntamientos y diputaciones mantienen en general las 37,5 horas establecidas desde 2018, salvo que sus organismos hayan acordado condiciones distintas.
Los cargos con dedicación especial, como responsables y asesores, también verán reducida su jornada, que pasará de 40 horas a 37,5 horas semanales.
Horarios de presencia obligatoria actualizados
La jornada renovada modifica los intervalos de permanencia obligatoria en el puesto de trabajo. En el turno matutino, el horario fijo se reduce en 30 minutos, estableciéndose de 9:00 a 14:00 horas. Para el turno de tarde, la franja es de 15:00 a 20:00 horas.
Además, se mantiene el derecho a una hora de flexibilidad horaria respecto al tiempo de presencia para empleados con hijos menores de 12 años, personas a cargo con discapacidad o familiares gravemente enfermos. Esta opción también se extiende a la figura de la «persona cuidadora», destinada a quienes atienden a convivientes que no son autosuficientes.
Desde el sindicato CSIF, mayoritario en la AGE, han asegurado que vigilarán la correcta aplicación de la reducción en todos los ámbitos con derecho a ella, sin descartar acciones legales contra las administraciones que retrasen su implementación.
