La magistrada de la Audiencia Nacional aprecia indicios de una posible actuación organizada desde territorio marroquí y analiza quién pudo estar detrás de la dirección del proceso
Ceuta, 8 de septiembre de 2026.
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto una investigación para determinar si la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio pudo formar parte de una estrategia de guerra híbrida contra España.
La jueza considera que existen indicios que apuntan a que los acontecimientos pudieron ir mucho más allá de un movimiento migratorio espontáneo. En su resolución señala una posible “gestión favorecedora” desde territorio marroquí y plantea investigar quién pudo encontrarse detrás de la planificación y dirección del proceso.
La investigación se centra, por tanto, no solo en quienes participaron directamente en la entrada, sino también en los posibles responsables de la organización, coordinación y dirección de los movimientos que terminaron provocando una llegada masiva a Ceuta.
La investigación apunta a una posible organización desde Marruecos
Según los elementos incorporados a la causa, la magistrada aprecia indicios de una actuación organizada y una participación activa de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes.
La resolución habla de un posible “guiado activo” de los migrantes hacia la frontera española y de una actuación que habría facilitado el desarrollo del proceso.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya había respaldado que la investigación continuara en este ámbito, señalando que una parte sustancial de la planificación, movilización y coordinación se habría producido en Marruecos, mientras que la ejecución y sus principales consecuencias tuvieron lugar en España.
No obstante, la investigación todavía debe determinar quién estuvo detrás de esa posible organización y si existió realmente una estrategia atribuible al Estado marroquí.
La hipótesis de la “zona gris”
Uno de los elementos más relevantes de la resolución es la referencia al concepto de “zona gris”, utilizado para describir actuaciones situadas entre la paz y la guerra convencional.
La magistrada analiza si la entrada masiva pudo constituir un método de presión contra España utilizando un fenómeno migratorio como instrumento para generar una situación de desestabilización.
La investigación deberá determinar también qué personas o instituciones pudieron intervenir en los distintos niveles de planificación y dirección del proceso.
La Audiencia Nacional considera que los hechos pudieron afectar gravemente a la integridad territorial de España, uno de los elementos que ha permitido asumir la competencia sobre la causa.
El Gobierno mantiene cautela sobre la implicación de Marruecos
La hipótesis judicial contrasta con la posición mantenida públicamente por el Gobierno.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que la coordinación con Marruecos continúa siendo “excelente” y ha asegurado que, hasta el momento, no existe un elemento concluyente que permita atribuir al Gobierno marroquí la organización de la entrada masiva.
Marlaska ha insistido en que las investigaciones continúan y que será necesario contar con pruebas antes de establecer responsabilidades.
Esta diferencia de posiciones se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política alrededor de la crisis de Ceuta.
También se investigará qué sabía España antes de la entrada
La investigación de Tardón no se limita a analizar la posible actuación desarrollada en Marruecos.
La magistrada también pretende determinar qué información tenían las autoridades españolas antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio y si existieron avisos que permitieran anticipar la magnitud de la entrada.
Este aspecto adquiere especial importancia después de la polémica generada por distintos informes policiales y de inteligencia sobre las circunstancias previas a la crisis.
El Gobierno ha anunciado precisamente la desclasificación de los informes de inteligencia correspondientes al periodo previo a la entrada masiva, una documentación que puede resultar relevante para conocer qué información estaba en manos de las autoridades españolas.
Una investigación con consecuencias políticas y judiciales
La causa abierta por la Audiencia Nacional coloca de nuevo la crisis de Ceuta en el centro del debate político nacional.
La investigación contempla posibles delitos relacionados con la paz o independencia del Estado, el favorecimiento de la inmigración irregular, posibles homicidios imprudentes, lesiones y la eventual existencia de una organización criminal.
Mientras la justicia trata de determinar qué ocurrió realmente y quién pudo estar detrás de la operación, el Gobierno mantiene su cautela respecto a cualquier atribución directa a Marruecos.
La clave ahora estará en las diligencias que desarrolle la magistrada y en si los indicios recogidos hasta el momento permiten demostrar que la entrada masiva respondió a una estrategia organizada y dirigida desde el otro lado de la frontera.
Por ahora, esa posibilidad forma parte de la investigación judicial y no constituye una conclusión definitiva sobre la responsabilidad del Estado marroquí.
