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martes, septiembre 8, 2026
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El Gobierno desclasifica los informes de inteligencia sobre la crisis de Ceuta

El Consejo de Ministros aprobará este martes la publicación de los documentos recibidos entre el 1 de julio y el 1 de agosto, que estarán disponibles para la ciudadanía a partir del miércoles

Ceuta, 8 de septiembre de 2026.

El Gobierno dará este martes un paso decisivo para esclarecer qué información manejó el Estado antes de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

El Consejo de Ministros aprobará la desclasificación de los informes elaborados por los servicios de información y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Los documentos estarán a disposición pública a partir de este miércoles. 

La decisión afecta a informes procedentes de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), inteligencia militar, Policía Nacional y Guardia Civil, además de otros servicios relacionados con el seguimiento de la situación migratoria. 

El Gobierno quiere aclarar si hubo avisos previos

La publicación de los documentos responde al compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.

El Ejecutivo pretende demostrar con la documentación que no recibió ninguna alerta que permitiera anticipar la magnitud de la entrada masiva que posteriormente se produjo en la frontera de Ceuta.

Según la información publicada, los informes que serán desclasificados permitirán comprobar qué datos manejaban los distintos organismos durante las semanas previas a la crisis y qué comunicaciones llegaron al Gobierno. 

La controversia se centra precisamente en si existieron señales suficientes para prever lo que finalmente ocurrió y si esas señales fueron trasladadas a los responsables políticos.

Una desclasificación que llega en plena investigación judicial

La decisión del Gobierno coincide con la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva.

La magistrada María Tardón considera que existen indicios que apuntan a una posible actuación organizada y facilitada desde Marruecos. La investigación analiza, entre otras cuestiones, si los acontecimientos pudieron formar parte de una estrategia más amplia de desestabilización. 

El Gobierno mantiene una posición diferente.

El Ejecutivo sostiene que no existe, por el momento, una prueba concluyente que permita atribuir a Marruecos la organización de la entrada masiva. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha rechazado que exista un “autor intelectual” acreditado. 

Los informes pueden ser clave para conocer qué ocurrió

La documentación adquiere especial importancia porque permitirá comparar las informaciones manejadas por los servicios de inteligencia y seguridad con lo que finalmente sucedió en la frontera.

La crisis provocó una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos durante los días 30 y 31 de julio y desencadenó una situación excepcional en Ceuta, con una enorme presión sobre los servicios públicos y los dispositivos de seguridad.

La publicación de los documentos también se produce en un momento de creciente enfrentamiento político y judicial.

Mientras el Gobierno defiende que no fue advertido de una operación de semejante magnitud, la investigación de la Audiencia Nacional analiza si existieron indicios previos de una actuación organizada.

A partir de este miércoles, los documentos desclasificados permitirán conocer con mayor precisión qué sabía el Estado, cuándo lo sabía y qué información recibió el Gobierno antes de que la crisis estallara.

Un nuevo capítulo en la crisis de Ceuta

La desclasificación llega además después de que el Gobierno haya decidido personarse como perjudicado en la investigación de la Audiencia Nacional y en plena polémica por las críticas del Ejecutivo a la actuación de la magistrada María Tardón.

De esta manera, la publicación de los informes puede convertirse en uno de los elementos más relevantes para determinar las responsabilidades políticas, administrativas o judiciales que puedan derivarse de los acontecimientos de finales de julio.

Ceuta afronta así una nueva fase de la crisis, esta vez con la documentación oficial que permitirá comprobar qué información estaba sobre la mesa antes de la entrada masiva.


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