El ministro de Transportes cuestiona en una entrevista en la Cadena SER la imparcialidad de la magistrada que investiga la crisis migratoria de Ceuta y recuerda su pasado como concejala del PP.
Ceuta, 8 de septiembre de 2026.
La investigación judicial sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio suma un nuevo elemento de tensión. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado públicamente la imparcialidad de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón.
En una entrevista en la Cadena SER, Puente señaló el pasado político de la jueza como concejala del Partido Popular y aseguró que, a su juicio, “ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad”.
Las declaraciones se producen después de que Tardón haya asumido la investigación sobre la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta durante los últimos días de julio.
La magistrada considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos y ha apreciado posibles delitos relacionados con la paz o independencia del Estado, la inmigración ilegal, la organización criminal y otros hechos derivados de la crisis.
Choque entre el Gobierno y la investigación judicial
Puente también puso en duda la solidez de algunas de las conclusiones de la investigación y cuestionó que puedan sostenerse determinadas hipótesis únicamente a partir de informes policiales.
El posicionamiento del ministro se suma a las críticas que ya había expresado el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre determinadas actuaciones de la magistrada.
La polémica, sin embargo, llega después de que la propia Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional mostrara su “absoluto respaldo” a Tardón y defendiera que su actuación no había interferido en la seguridad nacional.
El órgano judicial sostuvo que la magistrada estaba actuando dentro de sus competencias y en defensa del interés general, en el marco de sus funciones jurisdiccionales.
Una investigación con importantes implicaciones
La causa judicial adquiere especial relevancia porque trata de determinar qué ocurrió durante la entrada masiva de personas desde Marruecos y si existió algún tipo de organización o actuación coordinada detrás de los acontecimientos.
Según la información conocida sobre el auto de Tardón, la investigación contempla también la posible existencia de una actuación permisiva o facilitadora por parte de agentes marroquíes, a partir de informes policiales incorporados a las diligencias.
El Gobierno, por su parte, mantiene una posición mucho más prudente respecto a una posible implicación deliberada de Marruecos y reclama pruebas concluyentes antes de establecer responsabilidades.
Precisamente este enfrentamiento de interpretaciones convierte la investigación judicial en uno de los principales focos de tensión política derivados de la crisis de Ceuta.
El Gobierno se persona como perjudicado
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido además personarse como perjudicado en la causa abierta por la Audiencia Nacional. La decisión permite al Gobierno participar directamente en el procedimiento mientras se determina el alcance de los hechos investigados.
La situación coloca nuevamente a Ceuta en el centro del debate político nacional, ahora con una creciente confrontación entre el Gobierno y la investigación judicial.
La polémica también llega después de que la Audiencia Nacional defendiera públicamente la actuación de la magistrada frente a las críticas procedentes del Ejecutivo.
