Madrid, 6 de mayo de 2026 — La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha aclarado este miércoles, a su llegada a un acto de la Fiscalía Europea, las informaciones que señalaban que ella habría dado instrucciones para que la Fiscalía Anticorrupción no disminuyera la solicitud de condena contra el empresario Víctor de Aldama. «No me manifesté en contra», afirmó con rotundidad.
La controversia se generó tras la presentación de las conclusiones finales en el juicio por la manipulación de contratos para material sanitario durante la pandemia, que tiene lugar en el Tribunal Supremo. A pesar de la cooperación mostrada por Aldama con la justicia, Anticorrupción ha decidido mantener la demanda de 7 años de cárcel para él.
Diferencias de criterio y discusión interna
La explicación de Peramato busca aclarar los rumores sobre una posible discrepancia con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según fuentes del ministerio público, aunque sí hubo diálogos internos normales en un procedimiento de esta magnitud, no existieron «órdenes o presiones» desde la dirección para impedir que se aplicara una atenuante de alta cualificación al empresario.
El mantenimiento de las penas ha generado una reacción inmediata en el ámbito político:
- Alberto Núñez Feijóo: El líder del PP calificó como «escándalo» que la Fiscalía no haya reconocido la colaboración de Aldama, insinuando que podría haber una motivación política que impida al empresario facilitar más información.
Confirmación de las penas solicitadas
Mientras Peramato hacía estas declaraciones, Alejandro Luzón reiteraba ante el Tribunal Supremo las solicitudes de condena para los principales imputados en la trama:
| Acusado | Cargo / Rol | Petición de cárcel |
| José Luis Ábalos | Exministro de Transportes | 24 años |
| Koldo García | Exasesor ministerial | 19 años y medio |
| Víctor de Aldama | Empresario / Comisionista | 7 años |
Rol de la Fiscalía General
Peramato evitó profundizar en aspectos técnicos del caso, pero reafirmó que muchas de las informaciones divulgadas recientemente «no se corresponden con la realidad». Con esta aclaración, la fiscal general procura proteger la independencia de Anticorrupción, entidad que sostiene que el grado de colaboración de Aldama no fue suficiente para que se modificara su posición inicial tras el desarrollo del juicio oral.
