La jueza de Instrucción de Puerto del Rosario ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un joven de 22 años acusado de asesinar y desmembrar a su madre, Katty O., de 56 años y nacionalidad belga. Se le imputan los delitos de asesinato con agravantes y estafa continuada.
Un delito con motivo económico
De acuerdo con el auto judicial emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el móvil del crimen fue de índole económica. Los indicios señalan que el domingo 3 de mayo, el joven se presentó en el domicilio de su madre con la intención de acabar con su vida para obtener dinero que ella se negaba a entregarle.
Tras una discusión marcada por una violencia extrema, el acusado habría llevado a cabo las siguientes acciones:
- Robo de dinero: Realizó transferencias desde la cuenta bancaria de su madre a la suya por un total de 3.000 euros.
- Compra de utensilios: Utilizó parte de ese dinero para adquirir una sierra radial y productos de limpieza a primera hora del día siguiente.
- Ocultamiento del cadáver: Presuntamente, desmembró el cuerpo, dispersó los restos en contenedores cercanos y limpió la escena del crimen. El cuerpo fue encontrado el viernes siguiente en un vertedero, cinco días después de la desaparición.
Evidencias claras y signos de premeditación
La jueza sostiene que el homicidio no fue un acto impulsivo relacionado con el consumo de drogas, como sostuvo la defensa, sino que hubo una planificación previa. Las pruebas recopiladas incluyen:
- Imágenes de cámaras de seguridad y movimientos bancarios.
- Recibos de compra de los elementos empleados.
- Hallazgos durante la inspección de la vivienda y el vertedero local.
- La declaración del propio investigado.
El auto también indica la posible implicación de una tercera persona que aún no ha sido plenamente identificada.
Implicaciones legales y riesgo de escape
La magistrada considera que los hechos son de extrema gravedad, atribuyendo indicios de agravantes como alevosía y ensañamiento, además de la finalidad de facilitar otro delito, la estafa.
Dado que las penas podrían superar los 25 años de prisión y ante el riesgo real de fuga por la escasa integración familiar y laboral después del suceso, el tribunal ha decidido que el acusado permanezca en prisión mientras se continúa con la investigación y se busca la localización de herramientas relacionadas con el crimen que aún no se han encontrado.
