El expresidente de la Generalitat considera «muy grave» la resolución del órgano contable y solicita la intervención de la Comisión Europea ante una posible violación del derecho de la Unión Europea.
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de JxCat, ha criticado este miércoles al Tribunal de Cuentas, acusando a dicho organismo de «incumplir deliberadamente» las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con la ley de amnistía. Estas declaraciones surgen tras la providencia emitida por el Tribunal, que propone no conceder la amnistía a aproximadamente treinta exmiembros del Govern si se confirma el uso indebido de fondos europeos durante el procés.
Presentación de denuncia ante la Comisión Europea
La postura de Puigdemont sigue a la presentación, por parte de su equipo jurídico, de una denuncia formal contra España ante la Comisión Europea por incumplimiento del marco jurídico comunitario. La defensa argumenta que negarse a aplicar directamente la amnistía contraviene una validación previa que otorgó la justicia europea.
En un mensaje publicado en la red social X con el título «¿Permitirá la UE en Madrid lo que sancionó en Varsovia?», Puigdemont alertó de que la decisión del Tribunal de Cuentas implica reabrir un caso que, según su criterio, la justicia europea consideraba cerrado.
Aspectos clave del comunicado de Puigdemont:
- Críticas directas: Califica la resolución firmada por la consejera Elena Hernáez Salguero como un «claro desafío» a la justicia europea y advierte que la instructora no debe quedar sin consecuencias por esta decisión.
- Analogía internacional: Establece una comparación entre la actitud de los tribunales españoles y las posturas euroescépticas que históricamente han mantenido los gobiernos de Polonia y Hungría frente a las directrices de Bruselas.
- Mensaje a la Unión Europea: Advierte que si la Comisión Europea acepta en Madrid lo que sancionó en Varsovia, estará demostrando que las sentencias europeas se aplican de forma desigual según la identidad del acusado.
Este nuevo enfrentamiento institucional vuelve a situar en el centro del debate jurídico la implementación de la medida de gracia propuesta para los acusados por los gastos del 1-O entre el Estado español y los tribunales europeos.
