Barcelona — El expresidente catalán Carles Puigdemont junto a su equipo legal, liderado por el abogado Gonzalo Boye, han iniciado una nueva estrategia de presión contra el Tribunal Supremo debido a la demora en la implementación de la Ley de Amnistía. Esta táctica se fundamenta en la jurisprudencia establecida por un relevante caso de un profesor austríaco en la justicia europea, con la que anuncian su intención de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado español y solicitar compensaciones económicas por los daños ocasionados.
El antecedente del ‘caso Francovich’ y la doctrina europea
La defensa de Puigdemont apoya su estrategia en los principios establecidos en la jurisprudencia de la Unión Europea respecto al incumplimiento o retraso injustificado en la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros:
- Responsabilidad estatal: La doctrina aplicada sostiene que cuando los tribunales de un Estado incumplen de forma sistemática o retrasan sin justificación la aplicación de la normativa comunitaria o las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los afectados pueden reclamar indemnizaciones económicas directamente al Estado.
- Aviso al Tribunal Supremo: Así, la defensa envía un mensaje claro a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el impacto económico e institucional que podría derivarse de no aplicar o bloquear la medida de amnistía.
Acción simultánea ante la Comisión Europea
Este argumento jurídico sustenta la denuncia que Puigdemont presentó hace poco ante la Comisión Europea, señalando que los tribunales españoles están dilatando indebidamente la concesión del perdón judicial, pese al marco normativo aprobado y los respaldos procedentes de Luxemburgo.
Con esta iniciativa, el equipo del expresidente intenta fijar en la esfera comunitaria las posibles consecuencias económicas derivadas de la paralización judicial, intensificando las tensiones entre la justicia española y los organismos europeos encargados de su resolución.
