Málaga, 28 de mayo de 2026 – En un ambiente cargado de tensión en la Sección Primera de la Audiencia de Málaga el pasado jueves, el sacerdote de 35 años acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre 2014 y 2018 rechazó categóricamente las acusaciones. A pesar de las pruebas audiovisuales presentadas, el procesado sostuvo que los vídeos que muestran las supuestas agresiones son falsificados y que nunca ocurrieron los hechos que se le atribuyen.
Francisco J.C., originario de Vélez-Málaga, permanece en prisión provisional desde septiembre de 2023 y enfrenta una petición fiscal que suma 72 años de prisión por cuatro delitos relacionados con agresiones sexuales y violación a la intimidad.
Negación firme ante la reproducción de las imágenes
Durante el interrogatorio, la fiscalía pidió al Tribunal que se mostrara el material audiovisual incriminatorio en la sala, buscando evidenciar los hechos. En dichas grabaciones, según la acusación, se distingue claramente el rostro del sacerdote y se escucha su voz durante la comisión de los supuestos delitos.
A pesar de la contundencia del contenido, el acusado mantuvo la mirada fija en la pantalla y adoptó una actitud que sorprendió al Ministerio Fiscal:
- Defendió en todo momento que ni la imagen ni la voz exhibidas en las grabaciones correspondían a él.
- Reconoció en un instante que el hombre en las imágenes «se asemejaba a él», pero corrigió enseguida afirmando que «esa situación no sucedió».
- No quiso emitir juicio sobre si las relaciones fueron consentidas o no, insistiendo con firmeza en que el material es falso.
Una presunta represalia sentimental
La defensa del sacerdote centró su estrategia en apuntar a la mujer que inició la denuncia, con quien admitió haber mantenido un simple «escarceo» sin relación formal. Según su declaración, la denunciante manipuló y fabricó las imágenes como represalia después de que él rechazara consolidar una relación con ella y ésta le amenazara con «arruinarle la vida».
«Esos hechos no ocurrieron», reiteró el acusado, atribuyendo la responsabilidad a la denunciante, de quien afirmó que «debe responder por la creación de los vídeos».
Respuesta de la Diócesis y utilización de su cargo
Ante preguntas de las partes acusadoras, Francisco J.C. negó que hubiera aprovechado su condición de sacerdote para ganarse la confianza de las víctimas o para atraerlas a su domicilio, argumentando que algunas ya las conocía antes de su ordenación.
También fue interrogado sobre la reacción de la Iglesia ante los rumores sobre vídeos de contenido sexual. Reconoció haber mantenido reuniones con el vicario episcopal de Melilla y con el obispo, y afirmó que entregó voluntariamente su disco duro como prueba de su inocencia. Asimismo, negó que su traslado posterior a Málaga fuera un castigo institucional, sino una decisión propia para «reflexionar» ante la presión psicológica que enfrentaba.
El acusado respondió a todas las partes, lo que llevó a que su abogada renunciara a realizar preguntas tras concluir el interrogatorio de la fiscalía. El juicio quedará pendiente de sentencia este viernes, una vez se expongan los informes finales de todas las partes implicadas.
