La patronal advierte que la normativa aprobada por el Consejo de Ministros amenaza con la pérdida de 300.000 empleos y el cierre de más de 30.000 bares en toda España.
La asociación SOS Hostelería, que forma parte de Conpymes, ha anunciado que comenzará una serie de reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para solicitarles que rechacen la ley que prohíbe fumar en las terrazas, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros. La entidad considera que esta medida representa un grave riesgo para la estabilidad económica de miles de pequeñas y medianas empresas del sector.
Consecuencias directas sobre las ventas y el empleo
Desde la patronal hostelera recuerdan que aproximadamente la mitad de los locales del sector en España —alrededor de 85.000 establecimientos— disponen de espacio exterior para clientes. En estos casos, los ingresos generados por la terraza constituyen entre el 30 % y el 50 % del total de las ventas.
SOS Hostelería ha presentado una estimación de las repercusiones que tendría la aplicación de esta restricción:
- Empleo en peligro: Posible pérdida de hasta 300.000 puestos de trabajo debido a la disminución de la actividad.
- Cierre de establecimientos: Se proyecta el cierre de más de 30.000 bares y restaurantes.
- Reducción en ingresos municipales: Menor recaudación por las tasas de ocupación de la vía pública, ya que una terraza estándar de 20 m² aportaba de media unos 1.300 euros anuales a las arcas locales.
Descontento con el Ministerio e inversiones realizadas
El presidente de SOS Hostelería, Rafael Asensio, ha manifestado su rechazo a las declaraciones de la ministra de Sanidad, al considerar que menosprecian el trabajo del sector:
“La ministra falta al respeto a la ciudadanía al calificarlos de incívicos por decir que una familia no debe tener que soportar el humo como parte de su experiencia. El sector hostelero siempre soporta las consecuencias de estas restricciones. Los negocios efectuaron inversiones significativas para adaptar las terrazas tras la normativa anterior y ahora se introduce una nueva regla que podría conducir al cierre de muchos establecimientos.”
Ante el comienzo del trámite parlamentario, la organización espera que los grupos de la Cámara Baja “muestren sentido común y rechacen la ley” durante el debate en las Cortes, o que el adelanto electoral impida su aprobación definitiva.
