La atención psicológica dirigida a reclusos condenados por violencia de género se afianza dentro del sistema penitenciario como un componente clave en las estrategias de prevención general.
Cada año, cerca de 1.200 internos con condenas por delitos relacionados con violencia de género participan en programas especializados de tratamiento en las prisiones españolas. Esta labor, coordinada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, busca superar la simple ejecución penal para convertirse en una política preventiva necesaria para eliminar los comportamientos machistas en la sociedad.
En España, la violencia de género representa actualmente la tercera causa principal de encarcelamiento de hombres, sólo antecedida por los delitos contra el patrimonio (como robos y estafas) y los relacionados con la salud pública, tales como el tráfico de drogas.
Lourdes Gil, coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, junto a Flori Pozuelo, responsable de los programas específicos para internos, consideran que la implementación y seguimiento de estos programas terapéuticos constituyen un avance significativo. El objetivo principal es desactivar desde la base los factores cognitivos y conductuales que provocaron el delito.
Un desafío generalizado y sin un perfil demográfico definido
Las metodologías penitenciarias destacan que la violencia machista es un fenómeno transversal, sin un perfil sociodemográfico único. En los grupos terapéuticos, que suelen incluir a unos 15 reclusos, se mezclan personas con diferentes niveles educativos, desde profesionales con formación superior hasta quienes carecen de estudios, así como internos con sentencias breves y otros con condenas prolongadas.
Paula (nombre ficticio), psicóloga a cargo del programa con enfoque cognitivo-conductual y perspectiva de género, señala que esta diversidad aporta beneficios en las sesiones, que tienen una duración aproximada de dos horas y media: “En ocasiones, los mensajes que se transmiten entre ellos tienen mayor impacto que los que damos los profesionales. Este apoyo mutuo es vital porque comparten experiencias y reflexiones, reconociendo que con estos conocimientos previos no estarían cumpliendo condenas por delitos graves”.
El proceso de rehabilitación enfrenta dificultades iniciales, ya que los equipos terapéuticos suelen atender problemáticas adicionales que requieren estabilización previa, como las adicciones. Aproximadamente el 70% de los internos presentan dependencia a drogas o alcohol, factores que la Junta de Tratamiento considera antes y durante la intervención específica para violencia de género.
Abordar el «analfabetismo emocional»
Los programas focalizan sus esfuerzos en proporcionar a los reclusos habilidades para gestionar sus emociones, muchas veces ausentes. La psicóloga manifiesta que “son personas con dificultades para identificar, expresar o resolver conflictos de manera distinta a la violencia, lo que se puede describir como un verdadero analfabetismo emocional”.
El desarrollo de la empatía es un pilar central en el tratamiento, especialmente en la atención a la violencia vicaria y la utilización de los hijos como instrumentos. Según la experiencia en los módulos, comprender el impacto real de sus acciones sobre los menores suele ser el principal motivo para un cambio de conducta en los agresores: “Cuando toman conciencia de la gravedad de sus actos, experimentan un fuerte impacto emocional”.
Interrumpir la transmisión intergeneracional
El valor principal de estos programas reside en el efecto multiplicador que pueden tener fuera de la cárcel. Especialistas indican que un porcentaje relevante de los agresores fueron niños que presenciaron o sufrieron violencia de género en sus hogares, replicando en la adultez los patrones aprendidos.
Paula destaca cómo el lenguaje de los internos cambia durante el proceso: “Es otro modo de llevar adelante la prevención, pues manifiestan que compartirán esta experiencia con sus hijos”, lo que evidencia cómo la intervención contribuye a romper la transmisión heredada del machismo. Por su parte, Lourdes Gil enfatiza la responsabilidad institucional: “Es fundamental que estas personas reflexionen sobre las causas que les condujeron a esta situación y modifiquen conductas que en ocasiones resultan muy negativas y duras hacia las mujeres”.
La etapa final del tratamiento suele coincidir con los permisos de salida y la progresión a regímenes menos restrictivos, como el tercer grado o la semilibertad. El retorno al entorno habitual implica enfrentar factores de estrés cotidianos —como procesos de divorcio o disputas por la custodia de los hijos— que no estaban presentes en prisión. Afrontar estas situaciones de manera controlada representa la prueba definitiva para consolidar los avances terapéuticos y garantizar una reintegración segura.
