Huelva, 12 de mayo de 2026 — La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz mostró su profunda molestia tras el debate electoral emitido anoche en Canal Sur. Su presidente, Mario Samper, definió como «inaceptable» la utilización del accidente ferroviario como un instrumento de confrontación política por parte de los candidatos.
«Rechazamos que se lucre con nuestro sufrimiento»
En una entrevista concedida a la Agencia EFE, Samper recordó que desde el principio la asociación manifestó claramente su postura: preservar el dolor de las familias lejos del ámbito electoral.
“Consideramos grave que un drama humano sea utilizado, de cualquier forma, en un debate político. Este término no debería haber sido mencionado en ese contexto”, subrayó el portavoz.
Las víctimas lamentaron que sus llamados a respetar su situación hayan sido desatendidos por los líderes políticos, y señalaron que la mención del accidente en un programa televisivo muestra una falta de sensibilidad hacia quienes todavía padecen las secuelas del siniestro.
Reclamo de justicia y cooperación
Además de criticar el desarrollo del debate, Samper dirigió un mensaje a las autoridades y partidos involucrados:
- Colaboración efectiva: Denuncian insuficiente apoyo en algunos casos para el progreso de las investigaciones técnicas y judiciales.
- Responsabilidad asumida: Solicitan que la justicia actúe con independencia y que los responsables respondan sin distracciones políticas.
- Fin de manipulaciones electorales: Exigen que durante lo que resta de campaña electoral se evite cualquier referencia al accidente con fines políticos.
Reproches desde la administración local
Además de las expresiones de la asociación, el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), manifestó su desaprobación ante la conducta de los candidatos durante el debate televisivo. Moreno coincidió en que la instrumentalización política de esta tragedia constituye una falta de respeto tanto para el municipio como para los afectados.
Por último, la asociación enfatizó que lo que requieren las 150 familias implicadas es respaldo institucional para esclarecer los hechos, y no convertirse en objeto de pugnas electorales.
