El presidente de Ceuta debe transformar semanas de reivindicaciones contundentes en propuestas concretas, legales y aplicables
Plutarco
Durante las últimas semanas, Juan Vivas ha recorrido platós de televisión, ha protagonizado comparecencias públicas, ha encabezado movilizaciones y ha trasladado sus reivindicaciones a las más altas instituciones del Estado, incluida su visita al Rey. El presidente de Ceuta ha reclamado una respuesta contundente ante la crisis migratoria y ha defendido el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España.
Su discurso ha encontrado un importante eco entre una parte de la ciudadanía ceutí, sobre todo entre sectores cristianos, que han asumido como propia la consigna de «expulsar a los invasores». Es una expresión contundente y fácil de entender en un contexto de angustia, pero también una fórmula que simplifica una realidad jurídica, política y humana mucho más compleja.
La preocupación de los ceutíes es legítima. La presión sobre los servicios públicos, la incertidumbre y la sensación de abandono generan inquietud y exigen respuestas. Sin embargo, las instituciones no pueden limitarse a reproducir consignas. Sus decisiones deben ajustarse a la legislación española y europea, y sus propuestas tienen que ser viables.
El problema aparece cuando una crisis de estas características se convierte en una sucesión de mensajes de confrontación y soluciones aparentemente inmediatas. Vivas se ha dado durante estas semanas un auténtico baño de populismo, sin medir suficientemente las consecuencias que determinadas palabras y consignas pueden tener en una sociedad tan sensible como la ceutí. Un discurso político de corte populista puede elevar todavía más la tensión social en una ciudadanía ya angustiada y terminar generando expectativas que después resulten imposibles de cumplir.
La responsabilidad institucional exige evitar que la frustración termine alimentando enfrentamientos entre ciudadanos o actitudes de rechazo hacia colectivos enteros. La política puede y debe ser firme ante los problemas, pero también debe ser consciente de que cada declaración tiene consecuencias y de que quien ocupa la Presidencia de Ceuta tiene una responsabilidad añadida a la hora de medir sus palabras.
Y, ante este cambio de tono, surge también una pregunta inevitable: ¿dónde está el presidente Vivas respetuoso, dialogante y leal con las instituciones? ¿Dónde queda aquel dirigente acostumbrado a buscar acuerdos, a mantener puentes y a defender los intereses de Ceuta desde la moderación y la responsabilidad institucional? La firmeza en la defensa de la ciudad no debería estar reñida con el respeto a las instituciones, el diálogo con las distintas administraciones ni la lealtad que debe presidir las relaciones entre ellas.
Ahora toca concretar
El debate político ha puesto sobre la mesa incluso la posibilidad de modificar determinadas normas para afrontar situaciones excepcionales como la vivida en Ceuta. Pero cualquier cambio legislativo requiere tiempo y, por tanto, no constituye una solución inmediata.
La pregunta que aparece ahora es sencilla: ¿qué propone exactamente el Gobierno de Ceuta para afrontar la crisis dentro de la legalidad?
Rechazar traslados a la península, oponerse a determinadas instalaciones o reclamar expulsiones inmediatas no constituye, por sí mismo, una alternativa. La ciudadanía necesita conocer qué medidas considera posibles el Ejecutivo autonómico, cuáles puede aplicar directamente Ceuta y cuáles debe reclamar al Gobierno de España o a la Unión Europea.
La encrucijada de Vivas consiste ahora en pasar de la denuncia a la propuesta. Eso implica concretar qué hacer con los menores, cómo gestionar a los adultos que no tengan derecho a permanecer en España, cómo aliviar la presión sobre los servicios públicos, cómo prevenir nuevas entradas y cómo mejorar la coordinación entre Ceuta, el Estado, Marruecos y las instituciones europeas.
También tendrá que explicar qué soluciones pueden aplicarse de inmediato, cuáles dependen de decisiones del Gobierno de España y cuáles requieren cambios legislativos, acuerdos con Marruecos o decisiones de las instituciones europeas.
Durante semanas ha sido relativamente fácil convertir una situación compleja en consignas fáciles de entender. Ahora llega la parte más difícil de la política: explicar cómo puede hacerse realidad aquello que se reclama. El baño de populismo puede haber servido para ganar titulares, adhesiones y visibilidad, pero gobernar exige algo más: medir las consecuencias, asumir responsabilidades y ofrecer soluciones que puedan llevarse a la práctica.
Ceuta necesita respuestas, pero también certezas sobre qué es posible, qué no lo es y en qué plazos. Y necesita que la legítima angustia de sus ciudadanos no se convierta en combustible para una mayor confrontación social.
La etapa de la reivindicación ha dejado paso a la de las propuestas. Ahora toca decir cómo.
