La formación solicita a la Audiencia Nacional investigar posibles responsabilidades por omisión y reclama un mayor despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Armada en el perímetro fronterizo
VOX ha presentado una denuncia contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y contra cuantas autoridades puedan resultar responsables tras la investigación, al tiempo que se ha personado ante la Audiencia Nacional para solicitar la adopción de medidas cautelares urgentes destinadas a reforzar la seguridad ciudadana y el control de la frontera.
Según explica la formación política, el escrito solicita que un juez investigue si las autoridades competentes incumplieron los deberes legales que les correspondían durante la reciente crisis migratoria, qué información manejaban con anterioridad a los hechos y si existieron omisiones que pudieran haber agravado sus consecuencias.
La denuncia atribuye al delegado del Gobierno su condición de máxima autoridad del Estado en Ceuta y plantea que se investigue una posible comisión por omisión de diversos delitos, entre ellos contra la vida y la integridad física, prevaricación, denegación de auxilio y delitos contra el orden público.
VOX sostiene que la situación «no fue un acontecimiento imprevisible», sino que estuvo precedida por advertencias públicas sobre el aumento de la presión migratoria y la insuficiencia de medios humanos y materiales para proteger la frontera.
Solicita reforzar el despliegue militar y el control marítimo
Entre las medidas cautelares solicitadas, VOX pide que se comunique al Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, la conveniencia de mantener y reforzar el despliegue de las Fuerzas Armadas en Ceuta, al amparo de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.
Asimismo, reclama el despliegue de medios navales de la Armada en el perímetro marítimo y en las aguas próximas al espigón del Tarajal para reforzar el control fronterizo.
Protección de los vecinos
El escrito también pone el foco en las consecuencias que, según la formación, ha sufrido la población residente, haciendo referencia al cierre de comercios, las restricciones de hecho a la libertad de circulación y los riesgos para la integridad física y el patrimonio.
Además, solicita intensificar las identificaciones en la vía pública conforme a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, reclamando que se realicen con criterios objetivos, sin perfilación étnica o racial y dejando constancia documental de cada actuación para su control judicial.
Petición de documentación e investigación
VOX solicita igualmente que se recabe toda la documentación necesaria para reconstruir la cadena de decisiones adoptadas entre el 20 y el 31 de julio.
Entre la información requerida figuran los planes de contingencia de la Delegación del Gobierno, los efectivos desplegados, posibles alertas de la Dirección de Seguridad Nacional y del CNI, informes del Tribunal de Cuentas, grabaciones de radar, AIS y videovigilancia de la frontera, comunicaciones diplomáticas con Marruecos, eventuales informes de FRONTEX, la determinación judicial del número e identidad de las víctimas y una investigación sobre la difusión de instrucciones para el cruce irregular en redes sociales.
La formación considera que la gravedad de los hechos, el elevado número de víctimas y el impacto sobre la ciudadanía hacen necesaria una investigación judicial «completa, independiente y rigurosa» para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, depurar las responsabilidades correspondientes.
