El grupo parlamentario Vox ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) con trámite urgente en Les Corts Valencianes, solicitando al Consell que inste al Gobierno central a implementar medidas contundentes en inmigración y servicios sociales. La iniciativa busca garantizar el acceso a las prestaciones públicas promoviendo el principio de «prioridad nacional».
Limitaciones en sanidad, vivienda y servicios sociales
El texto, firmado por el portavoz José María Llanos y el portavoz adjunto David Muñoz, demanda una reforma profunda del sistema de bienestar social. Entre las principales propuestas destacan:
- Sanidad: La derogación del decreto que autoriza la atención sanitaria pública a extranjeros sin residencia legal, excepto en casos de emergencia vital.
- Vivienda: Priorizar exclusivamente a los españoles en el acceso a viviendas sociales, protegidas y en las bonificaciones fiscales relacionadas.
- Pensiones: Reservar únicamente para ciudadanos españoles las pensiones y prestaciones no contributivas.
- Asistencia Jurídica: Suprimir la justicia gratuita para extranjeros en procesos de expulsión y elevar los requisitos de ingresos, incluyendo la auditoría del patrimonio en sus países de origen.
La idea de la «remigración»
Uno de los aspectos más discutidos del documento es la inclusión de la «remigración». Vox propone la repatriación de extranjeros que, según el texto, «no colaboran con su empleo al mantenimiento del Estado» y que, en consecuencia, «afectan negativamente el bienestar de los españoles». Además, piden la eliminación de los procesos extraordinarios de regularización.
Observaciones sobre la gestión pública y la seguridad
El documento fundamenta estas propuestas señalando una «grave crisis» del Estado de bienestar atribuida a una «inmigración masiva y sin control».
«Los sucesivos gobiernos bipartidistas han promovido una dinámica que ha llevado los servicios públicos a niveles insostenibles y ha deteriorado la seguridad ciudadana», sostiene el grupo parlamentario.
El «modelo extremeño» como ejemplo
Vox pone como referencia el reciente acuerdo de gobierno en Extremadura, donde se ha incorporado explícitamente el principio de prioridad nacional. El objetivo es que la Comunitat Valenciana sirva como plataforma para extender este modelo a nivel nacional, argumentando que quienes contribuyen activamente no deberían ser relegados frente a quienes ingresan irregularmente.
