La Fiscalía detalla la secuencia de hechos del 20 de marzo de 2020: de una adquisición inicial valorada en 12 millones de euros a una adjudicación final de 24,2 millones tras la influencia de Víctor de Aldama y Koldo García.
Durante la segunda semana del juicio conocido como el «caso mascarillas», se han esclarecido los rápidos cambios en la concesión del primer contrato sanitario relevante del Ministerio de Transportes. Según el informe exhaustivo de la Fiscalía Anticorrupción, el 20 de marzo de 2020 se necesitaron apenas 38 minutos para que una orden ministerial firmada por el entonces ministro, José Luis Ábalos, fuera revocada y reemplazada por otra que duplicaba el pedido de mascarillas, pasando de cuatro a ocho millones de unidades.
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha basado en las declaraciones de cuatro exdirectivos para esclarecer cómo Soluciones de Gestión, empresa asociada a Víctor de Aldama, consiguió una adjudicación por valor de 24,2 millones de euros. Los interrogatorios a Jesús Manuel Gómez García (exsubsecretario de Transportes), Javier Sánchez Fuentefría (exdirector de Organización), Francisco Toledo Lobo (expresidente de Puertos del Estado) y Álvaro Sánchez Manzanares (exsecretario general del Ministerio) apuntan directamente a la participación de Koldo García y a las exigencias del intermediario Aldama.
20 de marzo: la exigencia de «ocho millones o nada»
La Fiscalía establece que el momento clave ocurrió a las 20:00 horas del 20 de marzo, cuando Ábalos firmó la orden inicial para adquirir cuatro millones de mascarillas, una cifra establecida por el subsecretario Gómez García como una medida cautelosa. Sin embargo, solo doce minutos después, a las 20:12 horas, Sánchez Manzanares envió esta orden —aún no publicada en el BOE— a Víctor de Aldama.
La reacción del empresario fue inmediata y contundente: no era viable adquirir únicamente cuatro millones, ya que el avión fletado desde Lisboa estaba preparado para transportar el doble de cantidad. Durante el juicio, los investigados indicaron que entonces el asesor ministerial Koldo García intervino para informar que la decisión definitiva era aumentar el pedido. «El proveedor establecía que era ocho millones o ninguna cantidad», reconoció Gómez García ante el tribunal, señalando que asumió la orden de García como si proviniera directamente del ministro.
A las 20:38 horas, únicamente 38 minutos tras la primera firma, José Luis Ábalos aprobó la segunda orden ministerial que autorizaba el gasto de 24,2 millones de euros a favor de Soluciones de Gestión.
Cuestionamientos respecto a la selección del proveedor
Una cuestión central del proceso judicial es si el Ministerio había decidido previamente seleccionar a la empresa de Aldama antes de formalizar la necesidad de compra. La Fiscalía sospecha que ese fue el caso, sustentándose en un correo de Sánchez Fuentefría enviado a Puertos del Estado el 19 de marzo, día previo a la firma, donde se consultaba por los tipos de mascarillas disponibles.
Aunque los testigos negaron conocer a Soluciones de Gestión en esa fecha temprana, el exsubsecretario Gómez García admitió que fue Koldo García quien, el día 20, acudió a su despacho con la propuesta de dicha empresa. Por otra parte, Sánchez Manzanares declaró ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que mantenía contacto previo con Aldama, aunque expresó que pensaba que el empresario colaboraba dentro del ministerio y brindaba apoyo logístico al departamento de Ábalos.
De acuerdo con la tesis fiscal, este contrato inicial funcionó como una «puerta de entrada» que permitió a la red acceder a otros organismos públicos, como Adif y las administraciones autonómicas de Canarias y Baleares.
