Casi tres meses después de la entrada masiva, la retirada de asentamientos y los retornos voluntarios reflejan avances, mientras persisten las incógnitas sobre los expedientes administrativos y los traslados de menores a la península.
TeleCeuta | Ceuta
Casi tres meses después de la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio, Ceuta ha avanzado en la recuperación de la normalidad, aunque siguen pendientes cuestiones fundamentales.
La retirada de asentamientos en el Trampolín, Benítez, las naves del Tarajal y Loma Colmenar, junto con el traslado de numerosos migrantes a los CATE y la continuidad de los retornos voluntarios a Marruecos, ha permitido reducir la presencia de personas durmiendo en espacios públicos. Los operativos de vigilancia y acogida continúan.
Son avances que deben reconocerse, fruto del trabajo de las administraciones, los cuerpos de seguridad y los servicios humanitarios. Pero la crisis todavía plantea importantes interrogantes.
¿Cuándo comenzarán las expulsiones administrativas?
El PP, que inicialmente reclamaba la expulsión inmediata y masiva de quienes calificaba de «invasores», centra ahora sus críticas en la lentitud de los procedimientos administrativos.
Juan Vivas sostiene que ninguna persona llegada durante la entrada masiva ha sido expulsada tras concluir su expediente.
El Gobierno central defiende que ha movilizado recursos y que deben respetarse todas las garantías legales, incluida la protección internacional. Sin embargo, ¿cómo es posible que, transcurridos casi tres meses, no se haya confirmado públicamente ninguna expulsión administrativa de los llegados en julio?
El Ejecutivo debería aclarar cuántos expedientes están resueltos, cuántos pendientes y, si existen resoluciones de expulsión sin ejecutar, explicar los motivos.
¿Qué va a pasar con los menores?
La segunda gran incógnita afecta a los menores. Según los últimos datos comunicados, 3.331 habían sido atendidos en Ceuta y 288 trasladados a la península, mientras Marruecos no había materializado ninguna de las reagrupaciones familiares solicitadas.
Si Marruecos no acepta estas reagrupaciones, ¿por qué no se aceleran los traslados a la península, donde también podrían continuar tramitándose los procedimientos familiares que legalmente correspondan?
El Gobierno central defiende los traslados, pero algunas comunidades gobernadas por el PP y Vox se han opuesto al reparto. También han existido discrepancias administrativas sobre su ejecución.
En pleno periodo electoral, resulta especialmente necesario aclarar si las dificultades responden a obstáculos legales, falta de recursos o desacuerdos políticos. ¿Quién está impidiendo avanzar y qué está haciendo cada administración para resolverlo?
Los menores requieren una protección especial y cualquier decisión debe atender a su interés superior.
Reconocer los avances, exigir resultados
Ceuta ha mejorado su situación respecto a las primeras semanas de la crisis, pero la normalización no puede medirse únicamente por la desaparición de los asentamientos o la reducción de personas en las calles.
El Gobierno central, la Ciudad Autónoma y las comunidades implicadas deben ofrecer cifras, explicaciones y plazos.
Porque, casi tres meses después, la ciudadanía sigue esperando respuestas a dos preguntas esenciales: ¿cuándo empezarán a ejecutarse las expulsiones administrativas que legalmente procedan y qué solución se dará a los menores que permanecen en Ceuta?
