El incremento de las importaciones de tomate desde Marruecos vuelve a ser motivo de preocupación para el sector agrícola de España. La organización agraria COAG señala que en los últimos cinco años se han dejado de cultivar cerca de 4.000 hectáreas de tomate, lo que se traduciría en la pérdida de aproximadamente 24.000 empleos relacionados directa o indirectamente con esta producción.
Esta cifra se basa en la información proporcionada por Andrés Góngora, secretario general de COAG, quien indica que cada hectárea destinada al cultivo de tomate genera en torno a seis empleos.
Según sus datos, el territorio dedicado al tomate de invierno en España habría descendido de unas 12.000 hectáreas a cerca de 8.000, lo que implica una caída cercana al 33%.
COAG atribuye la reducción del cultivo a la competencia del tomate marroquí
La entidad agraria responsabiliza en buena medida este retroceso a las dificultades que enfrentan los productores españoles para competir en precios con los tomates importados desde Marruecos.
“Cada hectárea genera seis empleos y la desaparición de 4.000 hectáreas implica la pérdida de unos 24.000 puestos de trabajo”, explica Góngora.
Esta cifra debe considerarse como una estimación de COAG basada en su cálculo de empleos por hectárea, y no como un dato oficial sobre destrucción de empleo causada exclusivamente por las importaciones marroquíes.
El representante del sector indica que la presión competitiva está llevando a algunos agricultores a abandonar el tomate o a reemplazarlo con otras cosechas.
Reducción de 12.000 a 8.000 hectáreas en un lustro
COAG pone de manifiesto que la superficie cultivada con tomate de invierno en España ha disminuido considerablemente en los últimos cinco años.
“En la península, el cultivo de tomate en invierno ha bajado de 12.000 a 8.000 hectáreas”, señala Góngora.
Esto representa una merma cercana a las 4.000 hectáreas, aproximadamente un tercio del área cultivada hace cinco años.
El sector alerta sobre el riesgo de que esta reducción afecte no solo a los agricultores, sino también a almacenes, empresas de manipulado, transporte y otros eslabones de la cadena hortofrutícola.
Disparidad de precios, foco de críticas
Uno de los principales argumentos de los agricultores españoles es la diferencia en costes y precios entre ambos mercados.
Góngora señala que el régimen de la UE permite la entrada de ciertas partidas de tomate marroquí a un precio aproximado de 46 céntimos por kilogramo, mientras que la producción española se sitúa en torno a un euro por kilo.
Desde COAG consideran que esta diferencia complica significativamente la competencia para los cultivadores nacionales.
La organización califica esta situación como competencia desleal, una valoración apoyada por el sector agrario y que forma parte de sus reclamaciones ante las autoridades españolas y europeas.
El acuerdo comercial entre la UE y Marruecos vuelve a estar en debate
Esta cuestión coincide además con la revisión del marco comercial entre la Unión Europea y Marruecos, con especial atención a los productos originados en el Sáhara Occidental.
Dicha modificación fue acordada en octubre de 2025 y se aplica de forma provisional mientras sigue su proceso institucional.
El propósito es ajustar el régimen de preferencias arancelarias tras las decisiones judiciales europeas relacionadas con los productos procedentes del Sáhara Occidental.
El tema deberá ser sometido al Parlamento Europeo, donde los eurodiputados evaluarán las nuevas condiciones comerciales.
Los agricultores exigen condiciones equitativas
Las organizaciones agrarias españolas llevan tiempo reclamando que las importaciones cumplan requisitos similares a los que deben cumplir los productores europeos en materia laboral, sanitaria, fitosanitaria y medioambiental.
El sector sostiene que las diferencias en estas reglas pueden originar desigualdades en los costes que afectan directamente la rentabilidad de las explotaciones españolas.
En cuanto al tomate, COAG considera que la reducción de la superficie en los últimos cinco años refleja que la situación está teniendo efectos estructurales.
La entidad advierte que si esta tendencia continúa, España podría seguir perdiendo producción y empleo agrícola, especialmente en algunas de las principales áreas hortofrutícolas.
Por el momento, los datos ofrecidos por COAG situan la merma en 4.000 hectáreas y calculan 24.000 empleos asociados a esa superficie, mientras el sector mantiene la presión sobre España y Bruselas para revisar las condiciones que afectan a los productos importados.
