Editorial
La crisis migratoria que sigue viviendo Ceuta no puede reducirse al señalamiento del delegado del Gobierno mientras la ciudad afronta una emergencia que exige la implicación de todas las instituciones del Estado.
Hay crisis que ponen a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones y otras que, además, ponen a prueba la madurez del debate político. Ceuta vive una de ellas. La presión migratoria continúa, la tensión sigue presente y la ciudad permanece sometida a una situación extraordinaria que desborda los recursos ordinarios de cualquier administración.
Sin embargo, mientras la emergencia sigue abierta, una parte del debate público parece haber encontrado un objetivo mucho más sencillo que afrontar la complejidad de los hechos: buscar un único culpable.
Ese culpable tiene nombre para algunos: el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.
Pero la realidad rara vez es tan simple.
La gestión de una crisis de esta magnitud no puede analizarse desde la comodidad del titular ni desde la necesidad política de señalar a una sola persona. Lo ocurrido en Ceuta supera ampliamente las competencias de cualquier delegado del Gobierno y exige comprender cómo funciona realmente la estructura del Estado cuando se enfrenta a una emergencia de carácter nacional.
Mientras algunos reprochan la escasa presencia pública de Pérez Triano durante los momentos más delicados, conviene recordar cuál era —y sigue siendo— su verdadera responsabilidad. No consiste en protagonizar ruedas de prensa permanentes ni en ocupar titulares. Consiste en coordinar sobre el terreno la respuesta del Estado, mantener un contacto constante con el Ministerio del Interior, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las autoridades militares y con todas las administraciones implicadas.
Gestionar una crisis no siempre significa aparecer.
Muchas veces significa precisamente lo contrario.
Eso no impide reconocer que la comunicación institucional pudo ser mejor. En situaciones de enorme incertidumbre, los ciudadanos necesitan información, cercanía y mensajes claros que aporten tranquilidad. Esa crítica es legítima y forma parte de la rendición de cuentas que debe exigirse a cualquier responsable público.
Pero una comunicación insuficiente no equivale a una ausencia en la gestión.
Son planos diferentes que no deberían confundirse.
También resulta imprescindible situar las responsabilidades donde realmente corresponden. El delegado del Gobierno no dirige la política migratoria del Estado ni dispone de capacidad para adoptar por sí solo decisiones estratégicas de alcance nacional. Esa responsabilidad corresponde al Gobierno de España y, especialmente, al Ministerio del Interior, encargado de coordinar todos los recursos extraordinarios del Estado.
No fue casualidad que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, reclamara la declaración de la emergencia de interés nacional. Aquella petición suponía reconocer una realidad evidente: Ceuta no podía afrontar sola una crisis de semejante magnitud y necesitaba la movilización de todos los recursos del Estado.
Si esa era la realidad, resulta difícil sostener que el delegado del Gobierno pudiera resolver por sí mismo una situación que excede ampliamente sus competencias.
La política, sin embargo, suele preferir los relatos sencillos. Es más fácil señalar a una persona que explicar el funcionamiento de una administración compleja. Es más rentable buscar un rostro al que atribuir toda la responsabilidad que reconocer que una crisis de esta dimensión exige decisiones compartidas y responsabilidades distribuidas entre distintas instituciones.
Mientras tanto, la batalla política continúa.
Juan Vivas mantiene un sólido respaldo institucional y político tras más de dos décadas al frente del Gobierno de la Ciudad. Ese liderazgo convive también con un intenso debate sobre la influencia que ejerce la publicidad institucional en parte del panorama mediático local y sobre el recurso a la contratación de emergencia en situaciones excepcionales. Son cuestiones que forman parte del debate público y que, precisamente por afectar al uso de recursos públicos, deben abordarse con la máxima transparencia y con un escrutinio constante.
Las adjudicaciones de emergencia son un instrumento previsto por la ley para responder con rapidez cuando las circunstancias lo exigen. Pero esa excepcionalidad obliga, precisamente, a extremar los controles y la rendición de cuentas para garantizar que cada decisión responde exclusivamente al interés general.
Las crisis no pueden convertirse en espacios donde disminuya la transparencia.
Al contrario.
Son los momentos en los que las instituciones deben ofrecer el mayor ejemplo de responsabilidad.
Ceuta sigue viviendo una situación excepcional. La presión migratoria no ha desaparecido, la tensión continúa y la ciudad sigue necesitando la implicación de todas las administraciones para afrontar una crisis que trasciende el ámbito local.
Cuando esta emergencia termine habrá tiempo para analizar errores, exigir responsabilidades y evaluar decisiones.
Pero mientras la crisis sigue abierta, conviene evitar el error de reducir un problema de Estado a la búsqueda de un único culpable.
Porque las grandes crisis nunca se resuelven desde el relato.
Se superan desde la responsabilidad, la coordinación institucional y la capacidad de anteponer el interés general a cualquier estrategia política.
Ese debería ser hoy el verdadero debate.
