Marlaska advierte de que quienes entren irregularmente no serán regularizados y anuncia más medios para acelerar los expedientes de expulsión
El Gobierno ha introducido por primera vez de forma explícita la regularización de inmigrantes en su mensaje para disuadir de nuevas entradas irregulares en Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que quienes intenten acceder a la ciudad autónoma de manera irregular no obtendrán papeles y ha sido tajante: «Ninguno de ellos va a ser regularizado».
La afirmación supone un cambio respecto al discurso mantenido hasta ahora por el Ejecutivo, cuyos ministros habían evitado vincular directamente la política migratoria impulsada por La Moncloa con la entrada masiva registrada en Ceuta el pasado 30 de julio. Hasta ahora, el Gobierno había atribuido principalmente la avalancha a la actuación de las mafias.
Durante su visita a Ceuta, Marlaska ha insistido en que los inmigrantes que hayan entrado irregularmente no permanecerán en la ciudad ni serán trasladados a la Península. «Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular […] se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la Península», ha afirmado el ministro antes de añadir que tampoco serán regularizados.
El mensaje coincide con el planteamiento trasladado esta semana por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Vivas aseguró que la única manera de evitar que se repita la avalancha es acabar con cualquier expectativa de obtener «papeles» o asilo mediante la entrada irregular y retornar a Marruecos a quienes crucen la frontera.
Una regularización que genera debate en Europa
El Gobierno puso en marcha el pasado enero un proceso extraordinario destinado a regularizar la situación administrativa de inmigrantes irregulares que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026. El procedimiento recibió 1.174.978 solicitudes, de las que más de 600.000 habían sido admitidas a trámite a comienzos de julio.
La medida ha sido defendida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como una de las principales iniciativas de la legislatura, pero también ha generado una fuerte contestación política. En los últimos días, además, 22 países europeos han señalado la regularización española como uno de los factores que, a su juicio, puede debilitar el control de las fronteras comunitarias y generar un posible efecto llamada.
La cuestión ha cobrado especial relevancia después de la llegada masiva de unas 80.000 personas a Ceuta. Aunque el Gobierno continúa atribuyendo el episodio fundamentalmente a la acción de las redes de tráfico de personas, la advertencia de Marlaska sobre la imposibilidad de obtener la regularización introduce una nueva dimensión en el debate: la posibilidad de que parte de quienes intentaron acceder al territorio español confiara en beneficiarse posteriormente de las políticas de regularización.
Refuerzo para tramitar las expulsiones
Marlaska ha anunciado además un refuerzo extraordinario del personal de Extranjería en Ceuta con el objetivo de acelerar la tramitación de los expedientes que determinarán qué inmigrantes pueden permanecer en España y cuáles deberán ser devueltos a Marruecos.
El ministro ha informado de que ya se han tramitado más de 500 solicitudes de protección internacional, conocidas habitualmente como peticiones de asilo, y ha señalado que la mayoría han sido desestimadas.
La concesión de protección internacional permitiría a los solicitantes permanecer legalmente en España, mientras que quienes no cumplan los requisitos deberán afrontar los procedimientos correspondientes para su retorno.
Marlaska mantiene su confianza en Marruecos
Pese a la gravedad de la crisis fronteriza, el ministro del Interior ha vuelto a defender la cooperación con Marruecos y ha insistido en la necesidad de mantener la «lealtad» entre ambos países.
Marlaska también ha descartado que la entrada masiva registrada en Ceuta haya elevado el riesgo terrorista para España. Según ha asegurado, «no existe ningún riesgo de amenaza terrorista», aunque las autoridades permanecen vigilantes ante cualquier eventualidad.
El Gobierno trata así de cerrar el paso a nuevas entradas irregulares mediante un mensaje centrado en el retorno y en la ausencia de expectativas de regularización, mientras continúa la tramitación de los expedientes abiertos tras la crisis de Ceuta.
