El PEMA permite considerar inadmisibles determinadas peticiones de protección internacional cuando el solicitante procede de un «tercer país seguro», una posibilidad que vuelve a colocar a Marruecos en el centro del debate sobre la crisis migratoria de Ceuta
Ceuta 18 de agosto de 2026
La entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) ha abierto un nuevo escenario jurídico para afrontar la crisis migratoria que vive Ceuta tras las entradas masivas registradas los días 29 y 30 de julio.
El nuevo marco europeo contempla mecanismos que permiten a los Estados miembros considerar inadmisibles determinadas solicitudes de protección internacional cuando los solicitantes hayan llegado desde un «tercer país seguro», una circunstancia especialmente relevante en el caso de Ceuta al proceder buena parte de los migrantes llegados a la ciudad desde Marruecos.
La cuestión cobra especial importancia ante el elevado número de personas que todavía permanecen en Ceuta. Según los datos citados del Ministerio del Interior, alrededor de 5.000 migrantes continuarían en la ciudad, entre ellos al menos 1.898 menores de edad. Las cifras, no obstante, son objeto de controversia y el Gobierno de la Ciudad Autónoma eleva considerablemente la estimación atendiendo, entre otros indicadores, al volumen de alimentos distribuidos por las organizaciones sociales.
Solicitar asilo no significa obtenerlo
La llegada a territorio español no implica automáticamente el reconocimiento del derecho de asilo. Cada solicitud debe ser estudiada individualmente y el solicitante debe acreditar las circunstancias que justifican la necesidad de protección internacional.
La abogada Francisca Gómez explica que el asilo está concebido para situaciones en las que existe un riesgo real para la vida o la integridad de la persona, por lo que la mera presentación de una solicitud no supone que esta vaya a ser finalmente concedida.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado precisamente que se tenga en cuenta la situación excepcional que atraviesa la ciudad y las dificultades existentes para gestionar miles de expedientes mientras continúan las limitaciones de espacio, alojamiento y asistencia.
Los datos conocidos hasta ahora muestran además un elevado número de resoluciones desfavorables entre los expedientes de adultos que ya han comenzado a tramitarse.
Marruecos, clave en el nuevo escenario europeo
Uno de los elementos centrales del nuevo Pacto Migratorio es la figura del tercer país seguro.
Según explica Marta Galgo, abogada de CEAR, el nuevo marco permite que, bajo determinadas condiciones, un Estado miembro pueda declarar inadmisible una solicitud cuando la persona haya llegado desde un tercer país considerado seguro y no haya solicitado allí protección.
La Unión Europea incorporó a su lista de países seguros a Estados como Marruecos, Colombia, Kosovo, Bangladesh, India y Egipto.
El cambio resulta especialmente relevante para Ceuta porque la mayoría de las entradas producidas durante la crisis se realizaron desde territorio marroquí.
La nueva regulación elimina además determinadas exigencias que anteriormente dificultaban la aplicación de este mecanismo, entre ellas la necesidad de acreditar un vínculo específico entre el solicitante y el tercer país seguro.
No obstante, la aplicación práctica del procedimiento deberá realizarse conforme a la normativa europea y española y respetando las circunstancias individuales de cada solicitante.
Un sistema sometido a una enorme presión
La aplicación del PEMA también modifica los procedimientos y los plazos relacionados con la solicitud y resolución de las peticiones de protección internacional.
Cada expediente requiere una entrevista individual y un análisis de las circunstancias personales y del país de origen del solicitante. El volumen de personas que pretenden acceder al procedimiento ha generado una importante presión sobre los servicios jurídicos y las organizaciones que prestan asistencia a los migrantes.
Entidades como CEAR y Amnistía Internacional han cuestionado algunos aspectos del nuevo sistema y han advertido de que los cambios podrían dificultar en la práctica el acceso efectivo a la protección internacional y aumentar el riesgo de devoluciones sin las suficientes garantías.
El debate europeo, por tanto, se mueve entre dos posiciones enfrentadas: por un lado, los Estados que reclaman procedimientos más rápidos y eficaces para impedir abusos del sistema de asilo; por otro, las organizaciones que alertan de que una aceleración excesiva puede perjudicar a personas que realmente necesitan protección.
El nuevo Reglamento de Retorno endurece las expulsiones
Al nuevo Pacto Migratorio se suma el acuerdo europeo alcanzado el pasado 1 de junio sobre el Reglamento de Retorno, que establece reglas comunes para acelerar la expulsión de personas que se encuentren en situación irregular.
La normativa contempla, entre otras cuestiones, la posibilidad de crear centros de retorno en terceros países y amplía las herramientas disponibles para ejecutar las decisiones de expulsión.
La combinación de ambos instrumentos supone un cambio significativo en la política migratoria europea y puede tener una especial incidencia en territorios fronterizos como Ceuta y Melilla.
Europa se divide ante la crisis migratoria
La crisis de Ceuta también ha evidenciado las diferentes posiciones existentes dentro de la Unión Europea.
Italia, bajo el Gobierno de Giorgia Meloni, ha endurecido su política migratoria y ha reforzado los controles fronterizos. Grecia también ha defendido durante los últimos años una política especialmente estricta frente a las entradas irregulares.
Los datos de Frontex citados en el análisis reflejan la dimensión del fenómeno: entre 2021 y 2026, las entradas irregulares registradas en Italia superaron las 470.000, frente a las 234.760 contabilizadas en España.
Francia y Reino Unido, por su parte, han trasladado su respaldo a España durante la crisis de Ceuta, en un contexto europeo marcado por el debate sobre el futuro del espacio Schengen y el control de las fronteras exteriores.
La posición británica adquiere además una especial relevancia por la proximidad de Gibraltar y por los cambios recientes relacionados con el espacio Schengen en el entorno del Campo de Gibraltar.
La batalla jurídica de las devoluciones
Otro de los elementos que puede marcar el futuro de la gestión migratoria en Ceuta es la jurisprudencia sobre las denominadas devoluciones en caliente.
La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de junio introdujo elementos relevantes al establecer que este tipo de devoluciones deben analizarse teniendo en cuenta las circunstancias concretas del cruce fronterizo y la existencia de elementos físicos de contención.
El debate ha cobrado especial importancia después de los acontecimientos de julio y ante la posibilidad de reforzar las barreras marítimas en las zonas fronterizas.
La cuestión jurídica es especialmente compleja cuando los migrantes acceden a territorio español a nado, ya que el Supremo ha diferenciado estos supuestos de aquellos en los que se produce la superación de elementos físicos fronterizos.
Un nuevo escenario para Ceuta
El nuevo marco europeo coloca ahora a España ante una decisión de enorme trascendencia para Ceuta.
La posibilidad de utilizar la figura del tercer país seguro, unida a los nuevos procedimientos de asilo y al endurecimiento de las normas de retorno, ofrece al Gobierno herramientas que anteriormente no existían o estaban sometidas a mayores requisitos.
Pero su aplicación tendrá que enfrentarse a una realidad mucho más compleja: miles de personas permanecen en una ciudad con una capacidad limitada de acogida, mientras las administraciones continúan buscando soluciones para descongestionar Ceuta.
La crisis migratoria ha dejado así de ser únicamente un problema fronterizo para convertirse en un debate jurídico, político y europeo sobre hasta dónde pueden llegar los Estados para controlar sus fronteras sin vulnerar las garantías internacionales de protección.
En el caso de Ceuta, el PEMA abre una nueva vía. La cuestión ahora será determinar cómo y hasta dónde decide utilizarla España.
