MADRID – Un reportaje de El Mundo ha revelado el contenido de un informe reservado que Junts per Catalunya envió al PSOE mediante intermediarios de la fundación Henri Dunant en Suiza, luego de la ruptura del acuerdo de investidura en octubre pasado. Este informe, entregado personalmente al presidente Pedro Sánchez por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, acusa al Gobierno de usar de manera partidista al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía para retrasar la aplicación de la Ley de Amnistía y bloquear el regreso inmediato de Carles Puigdemont.
Según el dossier, la estrategia de la formación independentista se desmoronó al descubrir un continuo «baile de fechas» impulsado por los negociadores socialistas, entre ellos Santos Cerdán y Zapatero. Junts señala que el PSOE les aseguró que el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, aprobaría la norma de forma rápida en junio de 2024, un mes después de su aprobación parlamentaria. Sin embargo, la resolución se pospuso un año completo, hasta finales de junio de 2025, un retraso que los independentistas interpretan como una táctica para agotar tiempo legislativo garantizando sus votos sin conceder las contrapartidas acordadas.
Críticas directas a la Fiscalía y control institucional
El informe dedica un apartado particularmente crítico a la actuación de la Fiscalía del Tribunal Constitucional, bajo la dirección de Pablo Crespo. Junts califica de «pasiva o incluso obstructora» la postura del Ministerio Público frente a las medidas cautelares solicitadas por la defensa de Puigdemont, que reclamaba suspender la orden de búsqueda y captura emitida por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
El grupo de Waterloo reprocha al Ejecutivo no haber intervenido para modificar esta postura de la Fiscalía, acusando a Sánchez de buscar mantener vigente la orden de prisión preventiva para evitar la inestabilidad política que implicaría el regreso físico del expresidente catalán a España. El informe indica que Junts consideró incluir críticas similares a la Audiencia Nacional y al Tribunal de Cuentas, pero descartó esta opción al reconocer que, a diferencia de la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, estas instituciones no están bajo el control directo del poder ejecutivo.
Los cuatro principales incumplimientos que motivaron la ruptura de la legislatura
El documento expone los cuatro aspectos clave que llevaron a Junts a retirar definitivamente su apoyo parlamentario al Gobierno de coalición:
- La Ley de Amnistía: El retraso persistente en la aprobación por parte del Constitucional y la ausencia de efectos inmediatos respecto a la orden de detención de Puigdemont tras el bloqueo por parte del Supremo debido al delito de malversación.
- Competencias de Inmigración: El fracaso en la transferencia exclusiva de estas competencias a la Generalitat, luego de que el PSOE asegurara que el grupo parlamentario de Podemos no obstaculizaría la medida, cosa que finalmente ocurrió.
- Balanzas Fiscales: La falta de publicación del reconocimiento expreso de una deuda histórica del Estado con Cataluña, estimada por los independentistas en al menos 20.000 millones de euros.
- Oficialidad del Catalán: La paralización en el proceso para otorgar al catalán la condición de lengua oficial en la Unión Europea.
Perspectivas futuras: El TJUE y el horizonte otoñal
Las comunicaciones interceptadas por la Policía Judicial al expresidente Zapatero confirman que la última vía de negociación abierta en enero consistía en presionar para lograr un nuevo fallo del Constitucional para el próximo otoño. Esta decisión clave intentaría modificar el criterio del Tribunal Supremo declarando la aplicabilidad de la amnistía al delito de malversación.
El escenario político aguarda la resolución inminente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en pocos días emitirá su fallo en relación con la conformidad de la ley con la normativa comunitaria en materia de terrorismo y fondos europeos. Junts espera que la sentencia europea sea favorable y ya planifica el regreso definitivo de Carles Puigdemont a España tras el verano, un movimiento que consideran fundamental para su recuperación electoral frente al avance de otros partidos independentistas.
