Las advertencias del órgano fiscalizador se repiten año tras año mientras la Consejería de Economía y Hacienda continúa sin corregir las irregularidades detectadas y sigue recurriendo a modificaciones presupuestarias pocos meses después de aprobar las cuentas.
El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Ceuta correspondiente al ejercicio 2022 vuelve a poner en entredicho la gestión de la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani. Lejos de tratarse de incidencias puntuales, el órgano fiscalizador constata que muchas de las deficiencias detectadas hace años continúan sin resolverse, evidenciando una preocupante falta de planificación, control y capacidad de gestión.
Desde hace tiempo venimos denunciando esta forma de gestionar las cuentas públicas. Resulta incomprensible que un Gobierno apruebe unos Presupuestos Generales y, apenas unos meses después, tenga que modificarlos de forma significativa. Un presupuesto debe ser la hoja de ruta económica de un ejercicio, no un documento provisional que necesita ser corregido continuamente por una planificación deficiente.
Estas continuas modificaciones presupuestarias reflejan una evidente falta de previsión y alimentan la sensación de que la Consejería de Economía y Hacienda funciona mediante un simple “copiar y pegar” de ejercicios anteriores, sin realizar un verdadero análisis de las necesidades reales de la Ciudad ni atender las recomendaciones que, año tras año, formula el Tribunal de Cuentas.
El órgano fiscalizador vuelve a insistir en problemas que ya se han convertido en habituales: un inventario de bienes incompleto y desactualizado, debilidades en el control financiero permanente, deficiencias en la gestión presupuestaria, una insuficiente coordinación administrativa y la necesidad de reforzar la Intervención General.
Especialmente preocupante resulta que estas recomendaciones no sean nuevas. El Tribunal lleva años reclamando exactamente las mismas medidas sin que el Gobierno local haya sido capaz de implantar soluciones estructurales.
La reiteración de estas advertencias demuestra que el problema ya no reside en la detección de las deficiencias, sino en la incapacidad política para corregirlas. Si tras varios informes consecutivos las observaciones siguen siendo prácticamente idénticas, la responsabilidad recae inevitablemente sobre quienes dirigen la política económica de la Ciudad.
El Tribunal de Cuentas no dicta condenas políticas ni penales, pero sí ofrece una radiografía objetiva sobre cómo se administran los recursos públicos. Y esa radiografía vuelve a dejar una conclusión difícil de rebatir: la gestión económica de la Ciudad continúa acumulando carencias que se repiten ejercicio tras ejercicio.
Mientras tanto, los ceutíes contemplan cómo los presupuestos se aprueban con grandes titulares para acabar modificándose pocos meses después, una práctica impropia de una administración que presume de estabilidad económica y que evidencia una preocupante falta de rigor en la planificación financiera.
Después de tantos años al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, las reiteradas advertencias del Tribunal de Cuentas dejan una pregunta inevitable: ¿cuántos informes más serán necesarios para que Kissy Chandiramani asuma responsabilidades políticas por una gestión que sigue sin corregir los mismos errores?
