Las recientes críticas de Rabat hacia la política migratoria de España, sus advertencias sobre posibles revisiones de acuerdos bilaterales y la reiterada reivindicación sobre Ceuta y Melilla han generado un nuevo ambiente de tensión. A pesar de ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene su postura de confianza en Marruecos, al que considera un socio estratégico, confiable y esencial para la colaboración en asuntos migratorios y de seguridad.
La crisis migratoria en Ceuta sigue siendo objeto de debate político tras la entrada irregular de miles de personas en la ciudad autónoma. Durante ese acontecimiento, se registró un flujo masivo de aproximadamente 80.000 personas según las cifras publicadas en ese momento, lo que llevó al Gobierno español a adoptar un discurso más estricto contra las redes de tráfico de personas y a advertir sobre las consecuencias para quienes intenten ingresar irregularmente, incluyendo la expulsión.
No obstante, la actitud del Ejecutivo hacia Marruecos, país fundamental en el control de la frontera sur española, ha sido considerablemente distinta. En semanas recientes, varios miembros del Gobierno han destacado la relación con Rabat como una alianza basada en la cooperación y confianza, pese a las críticas procedentes del país vecino.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió esta posición cuando se le consultó sobre la posible revisión o suspensión de ciertos acuerdos con Marruecos, entre ellos los relativos a extradiciones. Marlaska afirmó que la colaboración bilateral ha sido «excepcional» y resaltó que durante su gestión ha observado una relación fundamentada en la «confianza y lealtad».
Marlaska recordó la cooperación mantenida por ambos gobiernos para gestionar diversas crisis, aunque sus declaraciones se producen en un contexto marcado por tensiones previas, como la crisis diplomática de 2021, cuando Marruecos redujo controles fronterizos tras la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, lo que provocó la entrada masiva de personas en Ceuta.
Ante la postura más diplomática del Gobierno central, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha adoptado una posición más firme al afirmar que Ceuta y Melilla son territorios españoles «intocables». También el presidente Pedro Sánchez calificó la entrada masiva de migrantes como una seria violación de la integridad territorial española, aunque evitó atribuir directamente responsabilidad a Marruecos.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se ha mostrado más crítico. Aunque reconoce la importancia del apoyo marroquí para gestionar la migración, especialmente en el control fronterizo y en facilitar los retornos, ha expresado que no se puede considerar completamente confiable a un país cuya actuación puede afectar la estabilidad de la ciudad autónoma.
Desde algunos sectores del Partido Popular se ha exigido una respuesta más contundente del Ejecutivo español. Varios dirigentes han criticado lo que consideran una actitud demasiado permisiva con Marruecos y han defendido que una buena relación bilateral no debe impedir señalar públicamente responsabilidades cuando hay conflictos.
Marruecos cuestiona la política migratoria española
Las críticas más directas proceden del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien ha cuestionado la política migratoria española y ha planteado revisar el acuerdo de extradición firmado entre ambos países a raíz de presuntas dificultades en la entrega de personas reclamadas por la justicia marroquí.
En una entrevista, Ouahbi criticó que España permita que ciertos inmigrantes que llegan irregularmente permanezcan en su territorio mientras Marruecos invierte recursos para evitar las salidas hacia Europa. Según el ministro, existe una contradicción en las políticas de ambos países, ya que quienes tratan de cruzar la frontera perciben que España termina aceptando a quienes logran entrar.
El ministro marroquí planteó una interrogante al Gobierno español: si España está dispuesta a recibir inmigrantes, ¿por qué Marruecos debe impedir que intenten acceder a Europa mediante saltos a vallas fronterizas o rutas marítimas peligrosas?
El Gobierno español no ha respondido de forma directa a estas declaraciones, aunque ha reiterado en varias ocasiones que quienes entren irregularmente en Ceuta no permanecerán en la ciudad ni serán trasladados automáticamente a la península, sino que se aplicarán los procedimientos previstos por la legislación vigente.
Diferencias con la respuesta ante Italia
La gestión de la crisis migratoria también ha provocado tensiones con Italia, especialmente después de que funcionarios italianos propusieran medidas relacionadas con controles fronterizos dentro del espacio Schengen tras los sucesos en Ceuta.
En este caso, la reacción española fue más contundente. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano y criticó las declaraciones desde Roma, mientras el Ejecutivo defendió la necesidad de evitar mensajes que pudieran incrementar la confrontación política.
Esta diferencia de trato entre Marruecos e Italia ha suscitado críticas en ciertos sectores opositores, que consideran que el Gobierno español exige más a sus socios europeos que al país vecino del sur.
En medio de las negociaciones y la cooperación bilateral, la relación entre España y Marruecos continúa marcada por una mezcla de intereses compartidos y conflictos recurrentes. La inmigración, la seguridad de las fronteras y la cuestión territorial de Ceuta y Melilla son los principales temas de fricción entre ambos países.
