La intención de Marruecos de parar la vigencia del acuerdo de extradición con España abre una nueva vía de tensión diplomática entre ambas naciones. El convenio, en vigor durante casi 30 años, ha facilitado la entrega de numerosos fugitivos, aunque Rabat critica la falta de reciprocidad debido a las numerosas peticiones denegadas por la justicia española.
El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, anunció que su ministerio está considerando suspender la aplicación del convenio de extradición suscrito con España, lo que podría impactar uno de los principales mecanismos de cooperación judicial bilateral.
Ouahbi indicó que Marruecos ha encontrado situaciones que catalogan como «incomprensibles» en ciertas solicitudes de entrega dirigidas a España. Explicó que en ocasiones agentes marroquíes viajan hasta España para recibir a los detenidos, pero finalmente estos quedan en libertad y no se concreta la entrega.
El titular marroquí de Justicia señaló que existe un déficit de reciprocidad entre ambos países y solicitó a España que se comprometa más con estos procesos. «Si España no respeta los procedimientos de entrega ni los de repatriación, podríamos suspender los acuerdos», advirtió.
La eventual suspensión cuestionaría un marco legal que ha estado vigente casi tres décadas y que ha sido fundamental para la cooperación judicial entre Madrid y Rabat.
Un acuerdo con casi tres décadas de vigencia
La colaboración en extradición entre España y Marruecos se formalizó mediante el Convenio de Extradición firmado el 30 de mayo de 1997, que entró en vigor en julio de 1999. Este primer acuerdo estableció los fundamentos para la entrega de personas solicitadas por ambos Estados, incluyendo la prohibición de extraditar nacionales y la exclusión de delitos políticos.
Además, aclaró que los delitos vinculados al terrorismo no pueden ser considerados políticos, aspecto clave en la cooperación de seguridad entre ambos países.
Más adelante, España y Marruecos renovaron este acuerdo con un nuevo tratado firmado en Rabat el 24 de junio de 2009, que reemplazó al anterior y se aplicó definitivamente en septiembre de 2012 tras la finalización de los trámites legales correspondientes.
El tratado vigente especifica las condiciones para la entrega de personas. En general, se exige que los hechos estén penados con una condena mínima: dos años cuando la persona está siendo procesada y seis meses si ya hay una sentencia firme.
Asimismo, en mayo de 2024, el Tribunal Constitucional español ratificó las órdenes de detención emitidas por la Fiscalía marroquí, reconociendo su validez dentro del sistema judicial de Marruecos.
Una suspensión repercutiría en la cooperación penal
La abogada experta en extradiciones Miriam Rosales considera que una posible suspensión del convenio complicaría la colaboración judicial entre España y Marruecos, aunque no implicaría un cese absoluto de las entregas.
Explica que los procedimientos de extradición constan de dos etapas: una judicial, donde actúan órganos como la Audiencia Nacional, y otra política, en la que el Ejecutivo puede decidir la autorización final.
Rosales destaca que la extradición depende en gran medida de la voluntad de cooperación de ambas naciones y que, incluso sin un convenio vigente, podrían mantenerse formas de colaboración basadas en el principio de reciprocidad.
No obstante, advierte que el mayor obstáculo no sería solo jurídico, sino diplomático, ya que la ruptura del acuerdo reflejaría un deterioro en la confianza bilateral.
El convenio no tiene una duración fija, pero una denuncia formal por vía diplomática no tendría efecto inmediato: se requeriría transcurrir un año desde el aviso oficial para su suspensión definitiva.
98 extradiciones autorizadas hacia Marruecos desde 2018
Las cifras evidencian la relevancia de la cooperación judicial entre ambos países. Desde 2018 hasta finales de junio, España ha aprobado la extradición de 838 personas solicitadas por países fuera de la Unión Europea.
De ese total, 98 fueron entregadas a Marruecos, que se sitúa como el segundo país receptor de extradiciones españolas, solo por detrás de Estados Unidos, con 105 entregas.
No obstante, Marruecos es también el país con mayor número de solicitudes denegadas por la justicia española. Desde 2018, España ha rechazado 92 demandas de extradición provenientes de Rabat.
El Gobierno español ha señalado que estas negativas suelen obedecer a razones legales como la ausencia de doble incriminación (cuando un acto no es considerado delito en ambos países), la prescripción de los delitos, la falta de una pena mínima requerida, cuestiones de nacionalidad o casos ya juzgados.
En Marruecos interpretan que estas decisiones muestran un desequilibrio en la cooperación bilateral y solicitan mayor rapidez en los procedimientos.
Hasta ahora, Rabat no ha concretado la suspensión del convenio, por lo que el mecanismo sigue activo. Sin embargo, esta advertencia añade un nuevo elemento de tensión en una relación que combina cooperación estratégica con frecuentes discrepancias en temas como migración, seguridad y asuntos territoriales.
