La petición de declarar una emergencia nacional no es un gesto simbólico. Es el máximo reconocimiento institucional de que una ciudad ha sobrepasado su capacidad de respuesta y necesita la intervención extraordinaria del Estado. Si esa es la realidad que la Asamblea de Ceuta ha trasladado al Gobierno de España, mantener las fiestas patronales resulta difícilmente compatible con ese mensaje.
No se trata de estar a favor o en contra de la feria. Se trata de coherencia.
Una administración no puede afirmar que la situación es de extrema gravedad, que los servicios públicos están al límite y que la ciudad necesita ayuda urgente del Estado, para pocos días después inaugurar un programa de conciertos, espectáculos y celebraciones como si nada ocurriera.
La credibilidad institucional también se construye con los hechos. Si la crisis es lo suficientemente grave como para solicitar una emergencia nacional, todas las prioridades deberían orientarse hacia ese objetivo.
También existe una cuestión de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. La organización de unas fiestas moviliza dispositivos policiales, sanitarios, de Protección Civil y personal municipal que, en un escenario de emergencia, podrían ser necesarios para reforzar la respuesta ante la crisis. Del mismo modo, el gasto destinado a actividades festivas puede generar un debate legítimo sobre si esos recursos deberían dirigirse a atender necesidades más urgentes.
Más allá de la logística, existe un componente de sensibilidad institucional. Una emergencia implica que hay servicios tensionados, profesionales sometidos a una enorme presión y una ciudadanía preocupada por una situación excepcional. En ese contexto, la celebración de unas fiestas puede transmitir una imagen contradictoria con el mensaje de máxima alarma trasladado desde las instituciones.
Mantener ambos discursos al mismo tiempo —pedir ayuda extraordinaria al Estado mientras se desarrollan con normalidad los actos festivos— puede debilitar la propia solicitud de emergencia. Si quienes deben valorar esa petición observan que la actividad institucional y social continúa sin modificaciones relevantes, pueden cuestionar si la situación reviste realmente la gravedad que se describe.
La suspensión de unas fiestas nunca es una decisión sencilla. Tiene consecuencias económicas para hosteleros, comerciantes, feriantes y trabajadores que dependen de esos días de actividad. También supone un sacrificio para una ciudadanía que espera esas fechas durante todo el año. Precisamente por eso, solo debería adoptarse cuando concurren circunstancias verdaderamente excepcionales.
Y esa es la cuestión de fondo: si la Asamblea considera que concurren motivos suficientes para solicitar una emergencia nacional, entonces esas mismas circunstancias excepcionales deberían reflejarse en todas las decisiones institucionales.
La coherencia no consiste únicamente en aprobar declaraciones solemnes. Consiste en asumir las consecuencias que esas declaraciones implican.
Porque una emergencia nacional no puede ser compatible, al mismo tiempo, con transmitir absoluta normalidad. Si la situación es tan grave como para reclamar la intervención extraordinaria del Estado, también debería serlo para posponer unas fiestas. De lo contrario, el mensaje institucional pierde fuerza y la ciudadanía recibe una señal contradictoria sobre la verdadera dimensión de la crisis.
En momentos excepcionales, la responsabilidad exige decisiones excepcionales. La credibilidad de las instituciones depende, en buena medida, de que sus actos respalden sus palabras.
