El partido dirigido por Santiago Abascal solicita que el erario público cubra más de un millón de euros correspondientes a los intereses de los préstamos contratados con la entidad húngara MBH Bank, cuyo coste financiero es superior al promedio del sector bancario español.
MADRID. Vox ha tomado una medida polémica en la administración de sus finanzas electorales al presentar una solicitud formal para que el Estado reembolse los intereses generados por los créditos obtenidos en Hungría. La formación pretende que los presupuestos públicos sufraguen el pago de un tipo de interés cercano al 11% que abonó al MBH Bank —institución con vínculos al Ejecutivo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán—, una tasa considerablemente más alta que la habitual ofrecida por las entidades financieras en España.
La petición se apoya en las subvenciones estatales destinadas a compensar los gastos de campaña de los partidos en función de sus resultados electorales. No obstante, la incorporación de estos elevados intereses, que superan en hasta seis puntos porcentuales la media financiera nacional, ha provocado un nuevo debate político y técnico sobre los límites de la financiación pública a los partidos.
Un millón de euros en intereses bajo revisión
La controversia alrededor de estos créditos no es reciente. Vox optó por acudir al MBH Bank —donde el Gobierno de Orbán posee aproximadamente un 20%— para financiar sus campañas tras enfrentar dificultades con la banca española tradicional. En total, el partido solicitó préstamos que suman 13,5 millones de euros (6,5 millones para las elecciones generales de 2023 y 7 millones adicionales para las europeas).
Según la contabilidad presentada, solo por el primer tramo de 6,5 millones de euros, Vox pagó 1.059.319,43 euros en intereses en un periodo de catorce meses. La devolución del principal se efectuó de manera rápida en un solo día mediante transferencias masivas gracias a las subvenciones estatales recibidas. Ahora, la formación reclama que la administración pública también asuma el pago adicional de ese millón de euros derivado del elevado tipo pactado con la entidad de Budapest.
El debate acerca del coste financiero adicional
La intención de Vox de imputar estos gastos al Estado está siendo examinada por los órganos de control técnico. Aunque la ley española autoriza que se financien con fondos públicos los costos ordinarios y financieros relacionados con las campañas, regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que el partido haya aceptado voluntariamente condiciones financieras tan elevadas en comparación con el mercado doméstico, genera preocupación.
Entre los fiscalizadores se evalúa si estos elevados intereses se pueden considerar gastos necesarios y justificados para la campaña o si, en cambio, constituyen una irregularidad que no debería sufragarse con fondos públicos. A la vez, la oposición ha cuestionado el doble criterio del partido ultra, acusándolo de depender sistemáticamente de apoyos financieros políticos extranjeros mientras requiere total protección de los recursos públicos en otros ámbitos.
