El Ejecutivo central ha impedido que avance en el Parlamento la propuesta que pretendía reconocer la jubilación anticipada para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta decisión afecta especialmente a las plantillas asignadas en Ceuta y se ha justificado debido al coste económico que representaría para la Seguridad Social.
El Gobierno de España ha manifestado su rechazo a la tramitación parlamentaria de la iniciativa que buscaba disminuir la edad de retiro para los integrantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La negativa se apoya en el impacto presupuestario que generaría la aplicación de coeficientes reductores sobre las finanzas públicas y la Seguridad Social.
La propuesta presentada por el Partido Popular planteaba un coeficiente reductor del 20 % sobre los años cotizados para acortar la edad de jubilación en estos cuerpos, así como en el Servicio de Vigilancia Aduanera y en el régimen de clases pasivas para personas mayores de 60 años. Además, se establecía como condiciones mínimas contar con 35 años de servicio reconocidos y haber cumplido los 59 años.
Esta resolución ha provocado descontento entre sindicatos y asociaciones profesionales con representación en Ceuta. Desde Jucil han criticado la postura del Gobierno al considerarla como una relegación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a las policías autonómicas, mencionando también una sentencia del Tribunal Supremo que instaba a eliminar estas desigualdades en cuanto a retribuciones y jubilaciones.
En contraste, desde el colectivo Jupol han pedido mantener la calma para proseguir las negociaciones acerca del reconocimiento de la profesión como de riesgo para el personal incluido en clases pasivas. Al no encontrar avances en el ámbito parlamentario, las organizaciones de la Guardia Civil y Policía evalúan recurrir a la vía judicial para defender sus derechos retributivos y de jubilación.
