El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, parece haber iniciado un giro político que muchos consideran inevitable tras la presión ejercida desde la dirección nacional del Partido Popular. Las posiciones marcadas por Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado habrían terminado por imponerse en la estrategia del PP ceutí, dibujando un escenario que apunta a un entendimiento con Vox de cara a las próximas elecciones.
Durante años, Juan Vivas defendió un modelo de convivencia basado en el diálogo entre las distintas comunidades que conforman Ceuta. Ese discurso fue uno de los pilares de su acción política y de su imagen institucional. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas parecen marcar un antes y un después.
La posibilidad de un acercamiento definitivo a Vox supone, para muchos sectores de la sociedad ceutí, una ruptura con ese modelo de convivencia. No puede olvidarse que buena parte de la tensión política vivida en la Asamblea durante los últimos años ha estado protagonizada por los continuos enfrentamientos entre Vox y representantes de la comunidad musulmana, con intervenciones, declaraciones e insultos que han contribuido a aumentar la crispación política y social.
Ese posible cambio de rumbo no solo tendría consecuencias electorales. También podría abrir una profunda fractura en una ciudad cuya principal fortaleza siempre ha sido la convivencia entre culturas y religiones. Muchos ciudadanos consideran que no puede normalizarse un discurso basado en la confrontación permanente ni aceptar que parte de la población sea objeto de ataques políticos constantes.
Pero mientras el debate político ocupa titulares, existe otra realidad que continúa generando numerosas críticas: la gestión de los contratos públicos.
En plena crisis que atraviesa Ceuta, con recursos públicos centrados en atender una situación extraordinaria, vuelven a aparecer adjudicaciones de emergencia que recaen, una vez más, sobre empresas habituales contratistas de la Ciudad. Desde distintos sectores se cuestiona si la excepcionalidad del momento está sirviendo para acelerar procedimientos que, posteriormente, resultan difíciles de fiscalizar con el mismo nivel de transparencia que una licitación ordinaria.
A ello se suma el creciente debate sobre la utilización de herramientas de inteligencia artificial en la gestión administrativa y en la contratación pública. La modernización tecnológica puede convertirse en una oportunidad para reforzar la transparencia y el control, pero también exige garantías para evitar que se convierta únicamente en un elemento de imagen mientras persisten las dudas sobre determinados procedimientos administrativos.
Las críticas de la oposición y de diferentes colectivos apuntan a que la crisis no puede servir como justificación para mantener un sistema de contratación que, según denuncian, beneficia reiteradamente a un reducido grupo de empresas. Son cuestionamientos que el Gobierno de la Ciudad rechaza, defendiendo la legalidad de todos los expedientes y la necesidad de actuar con rapidez en situaciones excepcionales.
Lo que parece evidente es que Ceuta se enfrenta a una etapa decisiva. Por un lado, el posible acercamiento político entre el Partido Popular y Vox puede redefinir el futuro institucional de la ciudad. Por otro, la gestión de los recursos públicos continuará siendo uno de los principales focos de debate y de exigencia ciudadana.
La convivencia y la transparencia serán, probablemente, las dos grandes cuestiones sobre las que los ceutíes deberán pronunciarse cuando vuelvan a las urnas.
