ASUNCIÓN — Santiago Peña, presidente de Paraguay, ha anunciado su renuncia ante la grave crisis financiera y política generada tras la intervención de Ueno Bank. El colapso de esta entidad digital, que ha bloqueado el acceso a sus ahorros a aproximadamente tres millones de personas —casi la mitad de la población nacional—, ha reavivado en la región el recuerdo del corralito argentino de 2001.
Una quiebra masiva con conexiones políticas
La situación se desencadenó luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) interviniera y liquidara a Ueno Bank, tras identificar graves problemas de solvencia y anomalías en sus estados financieros:
- Bloqueo de fondos para millones de ahorradores: La suspensión completa de las operaciones y la clausura de las sucursales impidió que 2,9 millones de clientes tengan acceso a sus cuentas, además de poner en riesgo cerca de 850 millones de dólares en recursos públicos y fondos destinados a pensiones.
- Relaciones e intereses en altos cargos: La reacción social se profundizó por las conexiones directas del poder político con la institución. Peña fue accionista del banco hasta el pasado año y el presidente del BCP, Carlos Carvallo —quien también renunció tras estallar el escándalo—, había desempeñado cargos directivos en la entidad intervenida.
- Presión desde el Parlamento y falta de apoyos: El riesgo de un juicio político en el Congreso, impulsado luego de que el Partido Colorado —partido de Peña— y el expresidente Horacio Cartes retiraran su respaldo, provocó que Peña renunciara horas antes de la votación.
Disculpas oficiales y panorama económico incierto
Santiago Peña emitió un mensaje grabado difundido en sus redes sociales en el cual pidió «disculpas al pueblo» y explicó que su dimisión buscaba «mantener la estabilidad del país y las instituciones democráticas».
Mientras tanto, las autoridades financieras anunciaron un plan que contempla anticipos y garantías para comenzar la devolución progresiva de los depósitos hasta los límites legales, en tanto que las calles de Asunción se llenan de manifestantes, entre ahorradores y jubilados, que demandan la recuperación del dinero y sanciones para quienes se encuentran involucrados.
