Jueces consultados sostienen que la llegada masiva de inmigrantes responde a un problema político y cuestionan que el Gobierno señale a una sentencia como origen de la situación.
La crisis migratoria que atraviesa Ceuta continúa generando un intenso debate institucional. Tras las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atribuyendo parte del origen de la situación a la interpretación que las mafias de tráfico de personas habrían realizado de una sentencia del Tribunal Supremo, varios miembros de la alta magistratura han expresado su profundo malestar.
Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por distintos medios consideran “inadmisible” que se traslade a los tribunales la responsabilidad de una crisis que, a su juicio, tiene un origen eminentemente político. Según estas voces, la presión migratoria registrada en Ceuta responde a factores relacionados con la política migratoria y con las relaciones entre España y Marruecos, rechazando que una resolución judicial pueda ser señalada como desencadenante de la entrada masiva de personas.
La polémica surge después de que Pedro Sánchez, durante su visita a Ceuta para coordinar la respuesta institucional ante la emergencia, afirmara que las organizaciones dedicadas al tráfico de seres humanos habían realizado una “lectura interesada” de una sentencia del Tribunal Supremo. Dicha resolución confirmó el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía según el cual las devoluciones inmediatas no pueden aplicarse en los casos de personas que acceden a territorio español por vía marítima, al no existir una frontera física en ese ámbito.
Un debate abierto desde hace meses
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, venía advirtiendo desde hace tiempo de las dificultades jurídicas derivadas de esa interpretación y había reclamado una reforma de la Ley de Extranjería para adaptar la normativa a la nueva realidad migratoria, marcada por las entradas a nado y por el espigón fronterizo.
En esa misma línea, el Partido Popular registró el pasado mes de julio una proposición de ley para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. La iniciativa pretende ofrecer cobertura legal a las devoluciones en frontera cuando las entradas irregulares se produzcan por mar, una modalidad que, según los populares, ha sustituido en gran medida a los tradicionales intentos de acceso por el vallado de Ceuta y Melilla.
El Gobierno estudia cambios legales
Tras los acontecimientos vividos en Ceuta, el Ejecutivo ha manifestado su disposición a estudiar una modificación de la legislación para reforzar el marco jurídico de las devoluciones en frontera y facilitar su aplicación dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y el derecho internacional.
No obstante, las declaraciones del presidente han provocado un nuevo frente institucional con parte de la judicatura, que insiste en que la gestión de los flujos migratorios corresponde al ámbito de la acción política y no a las decisiones adoptadas por los tribunales. Mientras tanto, el debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería y la gestión de la frontera sur vuelve a situarse en el centro de la agenda política nacional.
