Desde agosto, la nueva normativa europea sobre el derecho a reparar entra en vigor con el propósito de alargar la vida útil de móviles, televisores y grandes electrodomésticos. Los fabricantes estarán obligados a ofrecer reparaciones para ciertos productos, incluso fuera del periodo legal de garantía, siempre que sea técnicamente viable.
La Unión Europea busca evitar la situación común en la que reparar un teléfono, una televisión o un electrodoméstico resulta tan costoso o complejo que el consumidor opta por adquirir uno nuevo.
A partir del 31 de julio de 2026, los países miembros deberán cumplir con la Directiva europea sobre la reparación de bienes. Esta norma obliga a los fabricantes a proporcionar opciones de reparación para productos específicos con requisitos de reparabilidad europeos, también cuando estén fuera de la garantía.
Esta obligación no implica que todos los dispositivos deban repararse gratuitamente ni que puedan arreglarse indefinidamente. El fabricante podrá cobrar por el servicio, pero el precio debe ser razonable y no un impedimento para que el consumidor elija reparar.
La reparación tendrá que realizarse en un plazo adecuado desde la recepción del producto o acceso al mismo por parte de la empresa. En casos donde la reparación sea inviable por motivos técnicos o legales, el fabricante puede quedar exento y, en su lugar, ofrecer un artículo reacondicionado.
Móviles, televisores y electrodomésticos sujetos a la normativa
La regulación afecta a una selección específica de productos. Entre los dispositivos más importantes incluidos figuran los teléfonos móviles, smartphones, tabletas, televisores y otras pantallas electrónicas.
También se incluyen electrodomésticos comunes como lavadoras, lavadoras-secadoras, lavavajillas, frigoríficos, secadoras y aspiradoras, así como ciertos servidores, equipos de almacenamiento de datos, máquinas de soldadura y productos con baterías para vehículos ligeros.
No todos los artículos de uso diario están cubiertos aún. Algunos pequeños electrodomésticos y accesorios electrónicos, como ciertos modelos de cafeteras o auriculares, quedan excluidos por ahora, aunque la lista podría ampliarse más adelante.
Las marcas no podrán obstaculizar la reparación
Otra modificación relevante afecta a las prácticas de algunos fabricantes para limitar las reparaciones por terceros.
No se permitirá usar bloqueos de hardware, restricciones de software o cláusulas contractuales que impidan injustamente arreglar los productos contemplados en la normativa. Tampoco se podrá impedir el uso de piezas originales, compatibles, de segunda mano o fabricadas mediante impresión 3D que cumplan con las normativas de seguridad y propiedad intelectual.
Además, ninguna marca podrá rechazar una reparación solo porque el dispositivo haya sido arreglado previamente por un servicio técnico independiente o una persona distinta. Los consumidores mantendrán la libertad de elegir el reparador que prefieran.
Los fabricantes que vendan piezas de recambio y herramientas tendrán que ofrecerlas a precios razonables. También deberán publicar en un sitio web accesible información sobre el coste estimado de las reparaciones más comunes.
Un año extra de garantía al optar por reparar
La regulación introduce un incentivo para los productos que se encuentren dentro del periodo legal de garantía.
Si el consumidor decide reparar un artículo defectuoso en lugar de reemplazarlo, la garantía se extenderá por al menos 12 meses adicionales. En España, la garantía legal actual para productos nuevos es de tres años.
Esta medida busca que la reparación sea una alternativa viable, accesible y económicamente adecuada frente a la sustitución inmediata ante una avería.
Recomendaciones para el consumidor ante una avería
Cuando alguno de los productos incluídos falle, el usuario podrá pedir directamente al fabricante detalles sobre la reparación. La empresa deberá informar del precio o la forma de calcularlo, el tiempo estimado y las condiciones del servicio.
A pesar de la obligación de ofrecer reparación, será el consumidor quien decida si acepta el presupuesto o prefiere consultar otro reparador. La normativa no fija un precio único, pero sí establece que los costes y requisitos no deben desincentivar la reparación.
El propósito final es disminuir los residuos electrónicos, alargar la vida útil de los aparatos y reducir el consumo basado en usar, desechar y renovar continuamente. A partir de ahora, reparar un producto fuera de garantía debe ser una opción práctica y accesible.
