La Comisión Europea ha señalado que varios organismos españoles dedicados a la lucha contra la corrupción y a garantizar la transparencia disponen de recursos económicos y humanos insuficientes. El último informe sobre el Estado de derecho en España indica que la ausencia de nuevos Presupuestos Generales dificulta principalmente la operatividad del Consejo de Transparencia y de la Autoridad de Protección del Informante.
Las observaciones de Bruselas se centran en dos entes fundamentales para evitar irregularidades en la Administración: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI).
La Comisión Europea advierte que ambos organismos enfrentan una creciente carga de trabajo sin contar con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones plenamente.
Este problema ya había sido identificado en reportes previos tanto de la propia Comisión como del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, conocido como GRECO.
Transparencia registra un aumento del 40% en las reclamaciones
El Consejo de Transparencia atiende reclamaciones ciudadanas cuando las administraciones no responden adecuadamente a solicitudes de información pública.
El informe de Bruselas indica que dicho organismo reconoce contar con un presupuesto limitado, lo que dificulta su labor ante el incremento sostenido de reclamaciones.
En 2025 se contabilizaron 2.767 nuevas reclamaciones, en comparación con las 1.973 de 2024, lo que supone un aumento cercano al 40% en un solo año.
En febrero de 2026, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que por primera vez reconoce al Consejo de Transparencia como una autoridad administrativa independiente.
Esta reforma busca dotar al organismo de nuevas facultades sancionadoras y la capacidad para evaluar el cumplimiento de la legislación sobre transparencia, aunque aún debe superar el proceso parlamentario.
Actualmente, una de las principales limitaciones del Consejo es su escasa capacidad para obligar a las administraciones a acatar sus resoluciones cuando estas retrasan o ignoran las solicitudes de información.
La autoridad para proteger a denunciantes mantiene plazas vacantes
La Comisión Europea también cuestiona los recursos de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, creada para resguardar a quienes reportan posibles infracciones legales o casos de corrupción.
El informe señala que la institución inició su actividad con limitaciones en presupuesto y personal. La falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado ha obligado a financiar sus gastos mediante un acuerdo económico provisional.
La AIPI cuenta con 23 plazas oficiales, aunque al menos cuatro de ellas permanecen sin cubrir según los datos disponibles.
Desde septiembre de 2025, la autoridad ha recibido más de 400 comunicaciones, con un promedio aproximado de cuatro al día, y ha expedido más de veinte certificados de protección.
El organismo considera insuficientes sus recursos para atender la creciente carga de trabajo.
Bruselas urge a reforzar la protección a los informantes
El informe europeo también advierte sobre posibles deficiencias en los servicios brindados a quienes denuncian irregularidades.
Entre los problemas detectados se mencionan la falta de apoyo económico y psicológico, así como posibles carencias en los sistemas tecnológicos que garantizan el anonimato de los informantes.
La Comisión también señala la complejidad del modelo español, ya que ocho comunidades autónomas cuentan con organismos propios de protección.
Estas entidades presentan diferencias en su naturaleza jurídica, competencias y ámbito de actuación, lo que podría dificultar una respuesta uniforme en todo el territorio nacional.
El inicio de la AIPI sufrió retrasos
La creación de esta autoridad española estuvo motivada por una directiva europea aprobada en 2019.
España incorporó esta obligación a su marco legal en 2023. El estatuto de la institución se publicó en el Boletín Oficial del Estado en 2024 y posteriormente fue nombrado presidente Manuel Villoria.
Los retrasos provocaron que la institución permaneciera sin actividad durante varios años tras la aprobación de la directiva comunitaria.
Esta demora ha sido una de las críticas recurrentes en evaluaciones internacionales sobre las políticas españolas para prevenir la corrupción.
Las reformas legislativas continúan pendientes en el Congreso
El Ejecutivo ha destacado los avances de su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, presentado tras la imputación del exdirigente socialista Santos Cerdán.
No obstante, varias de las medidas anunciadas aún no se han implementado o necesitan superar el trámite parlamentario, donde el Gobierno no cuenta con mayoría estable.
La advertencia de Bruselas subraya que las reformas legales deben ir acompañadas de presupuesto, personal y capacidad sancionadora efectiva.
De no contar con estos recursos, los organismos encargados de supervisar a las administraciones, proteger a los denunciantes y garantizar el acceso a la información pública podrían no cumplir completamente sus responsabilidades.
